En julio de 2020 los principales dirigentes de la formación fundada por Pablo Iglesias no podrían imaginar que un conflicto interno en el departamento jurídico de Podemos acabaría con una macrocausa abierta contra el partido y contra varios de sus dirigentes, pretendiendo salpicar al propio Iglesias y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El enfrentamiento en cuestión acabó con un abogado despedido. José Manuel Calvente acudió a la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona para denunciar supuestas corruptelas dentro del partido. Fuentes conocedoras de los hechos lamentan que el letrado se dejara guiar por personas que querían dañar al partido.
El asunto acabó en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla. Un juez, Juan José Escalonilla, escuchó a Calvente y le dio visos de credibilidad. A partir de ahí comenzaron las declaraciones, interrogatorios e imputaciones. Aparecieron más denunciantes, antiguos trabajadores del partido, y se llegó a investigar a una asesora de Montero por supuestamente cuidar de sus hijos en vez de hacer los trabajos correspondientes a su cargo.
Hasta ocho piezas ha abierto el juez a lo largo de estos casi ocho años, de las cuales siete están ya archivadas. Sólo queda una abierta, por los pagos a una empresa mexicana, Neurona, para hacerles la campaña electoral de 2019.
El instructor ha indagado sobre la irregularidad por la caja de solidaridad del partido, los complementos salariales, el supuesto acceso no consentido al disco duro de una de las abogadas del partido, la supuesta licitación irregular de las obras de la sede de la formación, la contratación de la consultora ABD para servicios electorales, el proyecto Impulsa, el caso de la 'niñera' además de flecos sobre la Fundación 25-M, sin poder hallar indicios para seguir adelante con las investigaciones.
La instrucción está finalizada a la espera de un polémico informe pericial para el que ha costado más de un año encontrar a un experto que lo haga. El objeto es saber si lo pagado a Neurona está dentro del precio del mercado.
Desde un principio, la Fiscalía mostró sus dudas sobre esta macrocausa y aunque ha dejado investigar ha ido apoyando las peticiones de archivo de cada una de las piezas. Ahora está esperando a que llegue la pericial aunque hace ya más de un año que adelantó que la formación política “puede contratar a los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”.
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En esta pieza existen dos vertientes dentro del delito electoral. Por un lado, la simulación del contrato, es decir, que los trabajos jamás se realizaran. Y por otro lado, la distracción del dinero, lo que supone que el precio estuviera inflado. Respecto del primero, la fiscal considera que hay prueba suficiente, aunque existan ciertas discrepancias, para certificar que Neurona sí hizo los trabajos. Y respecto de la segunda, ya ha dicho que es muy difícil podre cuantificar si la cantidad estuvo inflamada al existir libre mercado al respecto.
Los últimos coletazos
En el escenario actual, la causa se encuentra finalizada sólo a la espera del informe pericial; Podemos mantiene la condición de investigado mientras tanto y uno de los fundadores, Juan Carlos Monedero, está esperando a que el juez resuelva sobre su petición de sobreseimiento.
Monedero considera que ha quedado demostrado en la causa que no falsificó la factura de los trabajos que realizó para Neurona como consultor por la que se le ha estado investigando durante más de dos años.
"Queda aclarado que el pago en cuestión no pudo ser una intermediación, pues en la fecha de redacción de la factura, ni siquiera estaba prevista la celebración de elecciones generales", asegura su defensa en el escrito de solicitud de archivo.