Ante el riesgo de que el proyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, cuya tramitación está encallada en el Congreso, no salga adelante, el Ministerio de Derechos Sociales, que preside Ione Belarra, ha acabado por ceder en parte a las exigencias del grupo socialista, que tras el verano presentó una polémica enmienda para excluir de la norma a los perros de caza.
Finalmente, Derechos Sociales ha planteado excluir a los perros de caza de la ley animal mientras practican la actividad cinegética y, al respecto, la ministra Belarra admitió que este no es el mejor modelo de protección pero justificó el cambio en que es “urgente que la ley pueda ser aprobada” en el Congreso y no tumbada definitivamente.
“Hemos decidido proponer a los grupos parlamentarios que adoptemos el modelo de protección animal de la ley de Castilla-La Mancha en esta cuestión”, explicó la ministra impulsora de esta iniciativa en un vídeo en Twitter. Aludía a una norma aprobada en el 2020 bajo el Gobierno de Emiliano García-Page que excluye a los perros de caza únicamente durante la propia actividad cinegética.
Igualmente, nadie podrá abandonar, maltratar o descartar perros de caza, recordó Belarra. “Es evidente que no es nuestro modelo ideal, pero es urgente que la ley pueda ser aprobada en el Congreso por una mayoría de los grupos, para empezar a terminar con la impunidad de maltratadores, como quienes ahogan una cría de jabalí o queman vivo un zorro”, aseguró.
A pesar del acuerdo inicial en el seno del Gobierno sobre el texto, el grupo socialista presentó posteriormente una enmienda en este sentido, algo que, según Belarra, “amenaza con tumbar la ley definitivamente”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, uno de los más críticos contra el proyecto de ley por las consecuencias para el sector cinegético, valoró que finalmente el ministerio haya “movido ficha cuando rechazaba de plano esta posibilidad”.