Vuelta a empezar. En el caso abierto por Banca Privada d’Andorra contra Mariano Rajoy por las presuntas maniobras de su “policía patriótica” vuelve a ser 5 de octubre. La Audiencia Provincial de Madrid ha venido a dar la razón este jueves al ex presidente del gobierno al percatarse de que la petición de Auxilio Judicial Internacional 61/2022 no había sido devuelta (y cumplimentada) al país pirenaico sino que está todavía en las dependencias del ministerio, en Madrid.
Así era, al menos, hasta el 5 de octubre, cuando el caso entró en un laberinto judicial al considerar el ex presidente del gobierno (también recurrió su ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también imputado junto a una decena de ex altos cargos) que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados o podían ser vulnerados.
Fuentes del Ministerio de Justicia ignoraban en la tarde de este jueves si la 61/2022 ha sido efectivamente tramitada o no.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró después de varios recursos y contra recursos, que su petición carecía de sentido, dado que la Rogatoria ya estaba en Andorra o camino de Andorra. Pero no. La defensa de Rajoy recurrió hace pocos señalando que no era así, que los papeles seguían en Madrid, de manera que sí cabía analizar si se estaban vulnerando los derechos del ex presidente. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón, y ordena paralizar la entrega a Andorra de la documentación hasta que no se analice si ello es pertinente.
La Audiencia Provincial ordena al juzgado competente que se les tenga por personados en el procedimiento y que admita los recursos de reforma en los que ambos solicitaban la no tramitación de la comisión rogatoria.
Prosa judicial
La Audiencia de Madrid tira de ironía para explicar que ignora si el "proceloso" camino de la información sobre Rajoy ya ha sido cumplimentada
Tirando de prosa irónica, el tribunal admite desconocer “cual sea la situación actual de la comision rogatoria en su largo y, al parecer, proceloso recorrido entre el juzgado de instrucción de Madrid y el juzgado de Andorra, vía Ministerio de Justicia, siendo así que en la era de la sociedad de la información no había llegado a su destino en los tres meses transcurridos desde que se “devolvió” al juzgado solicitante”. El tribunal, por su lado, sí demuestra velocidad, toda vez que tardó apenas un día en pronunciarse desde que recibió la opinión (favorable a las tesis de la defensa de Rajoy) del ministerio fiscal.
La querella sostiene que Rajoy, dos de sus ministros y diversos altos mandos de la cúpula policial de los años 2014 y 2015 ejercieron chantaje, amenazas, coacciones y extorsión sobre la dirección de Banca Privada d’Andorra para que –vulnerando el secreto bancario- les dieran información sobre las cuentas que supuestamente tenían en aquella entidad políticos como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
Esta denuncia fue presentada en 2020 por el Institut de Drets Humans d’Andorra y admitida a trámite el pasado junio. Además de Rajoy, los querellados son el entonces ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, e Interior, Jorge Fernández Díaz; su secretario de estado, Francisco Martínez; el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó; los comisarios –jubilados- Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas; los inspectores jefes de Policía Celestino Barroso y Bonifacio Díaz; y el comisario Pedro Esteban, responsable de los servicios de información en Catalunya.
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