Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los que fueron ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a directivos de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés, entre ellos la familia Pujol o Artur Mas.
La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en el 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente de BPA Higini Cierco, por la llamada operación Catalunya e incluye como investigado al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según han informado las entidades denunciantes.
Lee tambiénOperación Catalunya: acto de Estado, trabajo policial a los Pujol o una mentira de Villarejo
La batlle –jueza– de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, ha expedido ahora comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da 15 días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio, han explicado el Institut y Drets en un comunicado.
También ha acordado la juez remitir de nuevo comisiones rogatorias al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Díez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron. Entonces Pino contestó diciendo que se había jubilado y Díez, desde la embajada española en México donde había sido destinado, pidió aclaraciones, lo que sirvió para devolverla a Madrid y dejarla sin cumplimentar. El único que compareció ante las autoridades españolas a petición de Andorra fue el comisario Marcelino Martin-Blas.
Lee tambiénEl Supremo archiva las querellas contra Casado por incitación al odio por el catalán
Operación Catalunya
La familia Pujol, entre los denunciantes
La querella, que inicialmente se dirigía contra los miembros de la llamada "policía patriótica", se amplió posteriormente a raíz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. Los querellantes señalan que el testimonio del excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo acreditó que la actuación policial objeto de la investigación tenía también a sus responsables políticos.
La querella, presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia Pujol.
Lee también
La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid –ambos ya clausurados– si no facilitaban la información exigida.
Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que "intimidaba" al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.
El origen de la investigación
Según explican los querellantes, la investigación se inició en septiembre del 2016 a raíz de una declaración judicial prestada por Cierco ante el juez instructora del llamado caso BPA, Canòlic Mignorance, en la que explicó desde mayo del 2014 tanto él como el CEO de la entidad bancaria, Joan Pau Miquel, fueron coaccionados y extorsionados primero por el inspector Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada española en Andorra, y después por el comisario Marcelino Martín Blas en diferentes encuentros con Miquel en Madrid, para conseguir las cuentas bancarias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia Pujol con la amenaza del cierre del banco andorrano como su filial española Banco Madrid. Amenaza que se cumplió con el cierre de ambas entidades bancarias el 10 de marzo del 2015.
Los denunciantes añaden que cuando se citó al inspector Celestino Barroso que es quien habló directamente con Miquel en su despacho de BPA - según la grabación que consta en el sumario- el Estado español le concedió la protección diplomática para que no compareciera como investigado en Andorra, una protección que se mantiene sine die según la última respuesta parlamentaria de 7-6-2021 dada por el Gobierno español a preguntas del PDECat.