La unidad patriótica del CNI que pasó de proteger al rey emérito a vigilar a independentistas

A través de una orden comunicada con contenido secreto —al tener el rango de reservada—, el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán creó en 2015 la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, en lo que fue una de las reestructuraciones más importantes de los servicios de inteligencia españoles de las últimas décadas. Un departamento que fue creado para proteger a la Corona, pero que pronto comenzó a centrar sus investigaciones en el movimiento independentista que por aquellos años estaba en plena efervescencia.

Fue un año después de la abdicación del rey Juan Carlos I cuando Sanz Roldán llevó a cabo la reforma de calado en el CNI con el beneplácito de la entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, brazo político en aquel momento de los servicios de espionaje. Sanz Roldán, a quien las fuentes consultadas le otorgan un papel fundamental en la abdicación del emérito “para salvar la Corona”, conocía muy de cerca aquellos asuntos turbios que sobrevolaban sobre el padre de Felipe VI.

El CNI no va por libre: es Moncloa quien determina y aprueba cada año sus objetivos mediante la Directiva de Inteligencia

Con este movimiento pretendía ordenar bajo un mismo paraguas aquellas operaciones que hasta entonces se venían haciendo —y presumiblemente se harían en adelante— en torno a Juan Carlos I: desde los asuntos económicos de dudosa ejemplaridad a los cabos que podían haber quedado sueltos en sus relaciones con amantes como Corinna Larsen. Esta unidad contaría con los espías de mayor confianza del CNI para sus misiones. Muchos de ellos, según las mismas fuentes, provenían del departamento que se encargaba de las investigaciones sobre ETA hasta que la banda terrorista anunció el cese definitivo de la violencia.

Con el primer artículo de la ley que regula el CNI, que establece que este es el responsable de facilitar al Gobierno las informaciones que permitan prevenir y evitar “cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España”, los líderes independentistas se convirtieron en objetivos informativos de los agentes de esta unidad pro constitucional. Muchos de ellos infectados con Pegasus, el sistema de espionaje que, según El País, adquirió el servicio de inteligencia a mediados de la pasada década por unos seis millones de euros.

La unidad ha recopilado datos sobre los movimientos de los independentistas bajo los gobiernos de Rajoy y de Sánchez

Pero el CNI no va por libre. Es Moncloa quien determina y aprueba anualmente los objetivos de este organismo mediante la Directiva de Inteligencia, que tiene carácter de secreto. Es decir, la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales ha estado en el último lustro recopilando información sobre el movimiento separatista bajo la batuta del gobiernos popular de Mariano Rajoy y del socialista de Pedro Sánchez. Paz Esteban es directora del CNI de manera interina desde julio del 2019 y de forma titular desde febrero del 2020.

En esa directiva se recogen cada año los nuevos retos para los servicios de inteligencia que se derivan de los llamados “riesgos emergentes”. Y las fuentes consultadas —tanto de inteligencia, como jurídicas y policiales— coinciden: desafío independentista con su punto álgido en el referéndum ilegal y las leyes de desconexión, altercados producidos tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo y los indultos concedidos a los presos del procés.

En el caso de las vigilancias que vulneran derechos fundamentales como pueden ser las interceptación de las comunicaciones gracias a Pegasus, estas se deben de hacer con la autorización del magistrado de la Sala Tercera del Supremo encargado del control del CNI. Y de manera individualizada y no de forma masiva, como denunció The New Yorker y The Citizen Lab.