No son pocas las dificultades que está teniendo el Govern para sacar adelante la consulta sobre los Juegos Olímpicos de invierno del 2030. A la ya conocida voluntad de las comarcas del Berguedà, el Ripollès y el Solsonès de que se les incluya en el referéndum, se le añade una no menos importante: la ley de consultas populares no refrendarias no posibilita al presidente de la Generalitat a convocarla solo a una parte del territorio. Es por eso que hoy el Consell Executiu ha aprobado un decreto para modificar la norma para que Pere Aragonès esté habilitado para ello y pueda convocarla para la veguería del Alt Pirineu y Aran. Con todo, el Gabinete catalán sigue sin revelar el día de la consulta y la fórmula exacta de la pregunta. La portavoz Patrícia Plaja solo ha asegurado que será "clara, directa y de respuesta sí o no" y que será a principios de verano.
El problema no acaba aquí, puesto que ahora el Ejecutivo catalán trabaja a contra reloj para que algún grupo parlamentario secunde antes de 30 días esta reforma y el decreto no quede en agua de borrajas. El PSC está a favor de los Juegos, pero no quiere consulta alguna; la CUP y los comunes, lo contrario, no quieren ninguna candidatura Pirineos-Barcelona (según la nomenclatura de la Generalitat), pero aceptan la consulta siempre y cuando se incluya a esas tres comarcas.
El Govern asegura que la pregunta será "clara y directa" y con respuesta de "sí o no", y que la consulta será a principios de verano
De momento, el Consell Executiu también ha avalado hoy un acuerdo del Govern por el cual da más voz a estas comarcas en la mesa territorial, no en la consulta, para que aporten ideas. Así, ha modificado la composición de este espacio y si antes estaba compuesta por representantes del Govern, de los consejos comarcales, de la vegueria del Alta Pirineu y Aran, de las comarcas que demandan su inclusión en la consulta, del Conselh General de l'Aran, el Ayuntamineto de Barcelona, entre otros, ahora se amplía a los alcaldes de os municipios de Vielha, Sort, Tremp, la Seu d'Urgell, El Pont de Suert, Puigcerdà, Berga, Ripoll y Solsona, además de los alcaldes de las poblaciones donde transcurran las pruebas deportivas si la candidatura resulta ganadora.
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En todo caso, el meollo de la modificación anunciada hoy está en el artículo 4 de la ley de consultas no refrendarias. Tal y como está redactada hoy en día, el jefe del Govern solo puede convocar una consulta si comprende todo el ámbito nacional catalán. No puede promoverla en ámbitos más acotados, y la consulta sobre la idoneidad de la candidatura de los Juegos está prevista hoy por hoy en la veguería del Alt Pirineu y Aran, un territorio en el que podrán participar 63.000 personas de las comarcas de la Alta Ribagorça, Alt Urgell, la Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Vall d'Aran.
Hasta ahora, las consultas no refrendarias de ámbito local solo podían ser formuladas en sus radios de acción por plenos municipales, por iniciativa propia de algún alcalde, consejos comarcales, diputaciones o los consejos de veguerías.
El Consell Executiu acuerda dar más voz sobre la candidatura olímpica a las comarcas del Berguedà, el Ripollès y el Solsonès, aunque no las incluye en el referéndum
El Govern tiene prisa. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, anunció hace semanas que la consulta – cuya competencia de organización recae en el Departament d’Acció Exterior de Victòria Alsina- se celebrará “a finales de primavera”. Hoy Plaja la ha retrasado "a principios de verano". La ley exige que tiene que celebrarse se en un plazo de entre 30 y 60 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria. Pero la previa sigue sin resolverse y el Govern no tiene atado aún apoyos suficientes para que el Parlament convalide la reforma de la ley de consultas no refrendarias.
El PSC de Salvador Illa quiere que el Comité Olimpico Español (COE) presente una candidatura a los Juegos del 2030 y cree que la consulta no es necesaria. En cambio, las otras dos posibilidades, CUP y comunes, rechaza el acontecimiento deportivo, pero están a favor de la consulta territorial. No obstante, la reivindican si se incluye al Berguedà, el Ripollès y el Solsonès, que si bien no está previsto que alberguen disciplinas en sus territorios, consideran que se verán afectadas, ni que sea indirectamente, por el proyecto.
El Ejecutivo catalán, además, deberá hacer frente a cualquier posible impugnación, ya sea institucional, colectiva o particular, que pueda presentarse ante los juzgados. La ciudadanía de esas tres comarcas podría tomar la iniciativa en ese sentido. Amparándose en la jurisdicción del Tribunal Constitucional, tan solo alegando que el Govern ha consultado el censo electoral puede ser motivo para que se anule el referéndum.