El pacto sobre la reforma laboral está provocando un interesante oleaje.
Hay marejada en la derecha. Pablo Casado se apresuró a anunciar la semana pasada que el Partido Popular votará en contra de la validación del decreto ley. No quiere dar tregua al Gobierno en vísperas de las elecciones que Génova ha forzado en Castilla y León con el objetivo de iniciar el año 2022 con una demostración de fuerza en las urnas. Plan de Teodoro García Egea, número dos del PP.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Con esas extrañas elecciones en puertas, en las que podría haber sorpresas –auge de Vox y de las candidaturas provinciales de la España Vaciada–, Casado no está para excursiones centristas. El PP teme ahora una nueva moción de censura de Vox a Pedro Sánchez a lo largo de este año. Hay un sinvivir en Génova.
Casado rechaza la reforma laboral aunque admite que no deroga la del PP
La excursión centrista la reclaman públicamente algunos significados periodistas de Madrid como José Antonio Zarzalejos y Pedro J. Ramírez. Piden más finura a Casado: valida la reforma, aparecerás como un estadista y acentuarás las contradicciones en el seno de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, la mayoria frankenstein. También es ese el deseo de los dos dirigentes territoriales del PP que hoy exhiben un perfil más centrista: Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, rectificó el pasado domingo unas declaraciones a El Confidencial en las que se mostraba favorable a la abstención. Para despejar dudas, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ratificó ayer que el primer partido de la oposición votará en contra de la validación del decreto ley. No es no.
Tensiones silentes en la derecha y divisiones en la izquierda por la reforma laboral
Casado no está para centrismos porque también hay mucha marejada en la CEOE. La patronal catalana Foment del Treball está en contra del texto acordado, que considera lesivo para las empresas. Foment vuelve a ubicarse en el ala dura de la patronal española, como ya hiciera durante la transición. La patronal madrileña también está en contra. Y la de la automoción. Y los empresarios de la hostelería. Y los agricultores y ganaderos de Asaja.
El PP difícilmente puede ponerse de espaldas a un frente de rechazo que va de la patronal catalana a la derecha agraria, pero la fundación FAES ha roto el guion elogiando la destreza táctica de Antonio Garamendi en la negociación. Balón de oxígeno para el presidente de la patronal. Para la fundación que lidera José María Aznar lo importante es haber evitado la derogación total de la reforma aprobada en el 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
FAES, el más inteligente organismo de la derecha española, ha hecho un ejercicio de puntería sobre las contradicciones que se aprecian en la izquierda. El PSOE está satisfecho con el pacto. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está más que satisfecha y el PCE le apoya (ese no es un dato menor, si tenemos en cuenta el silente pero importante papel de este partido en los engranajes de Unidas Podemos). Comisiones Obreras también sonríe, en la medida que ha tenido un papel clave en la negociación. UGT no sonríe tanto, porque el actual empuje de Comisiones le está restando protagonismo, y en Podemos hay poco entusiasmo laborista. Un partido como Podemos que basa su política de comunicación en el expresionismo de las redes sociales apenas puede disimular estos días que el acuerdo con la patronal no le gusta, porque puede poner en peligro su política de alianzas con ERC y EH Bildu. Hay más motivos: ese pacto huele a compromiso histórico, a eurocomunismo, a izquierda de la transición, referentes a los que muchos de los morados son alérgicos. Pablo Iglesias mantiene una disciplinada prudencia. Podemos no puede prescindir de Yolanda Gorbachova (dardo envenenado de Pedro J. Ramírez), pero ella reclama la máxima autonomía para liderar una candidatura a las elecciones generales. A su vez, la futura candidata tampoco puede prescindir de Unidas Podemos para configurar un proyecto electoral estable. He ahí el fondo de la cuestión.
Hay más. Bildu no puede alejarse del sindicato nacionalista ELA, la organización social más potente de Euskadi, totalmente contraria al acuerdo. El PNV necesita que el texto reconozca de manera explícita el marco laboral vasco. Y Esquerra, que lleva años cultivando la amistad de Comisiones Obreras y UGT en Catalunya, aprovecha la circunstancia para presionar al Gobierno para que convoque la mesa de diálogo con la Generalitat en enero. Sánchez no convocará esa reunión en vísperas de las elecciones en Castilla y ya piensa en Ciudadanos para validar el decreto. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) no ha tardado en alinearse junto con Bildu y Esquerra en la reclamación de un marco autonómico de relaciones laborales más definido. El BNG tiene motivos adicionales para negarle el voto al Ministerio de Trabajo: Yolanda Díaz podría ser su gran competidora en Galicia si se cansa de las maniobras orquestrales en la capital de España. Y hoy hay bastante gente interesada en que se canse.
El cuadro es de lo más interesante. Quedan casi cuatro semanas de margen. El drecreto deberia ser validado antes del 28 de enero y existe la alternativa de tramitarlo como proyecto de ley, posibilidad que el Gobierno está estudiando, aunque en principio la haya descartado. Esa tramitación haría aún más intenso el debate parlamentario. La reforma laboral es hoy el centro de gravedad de la legislatura. Es la piedra de toque del espeso momento político español.
Manuel Vázquez Montalbán escribió en una ocasión que los cambios más profundos son los que avanzan lentamente, como una quilla silenciosa cuyo movimiento en el agua solo perciben los escualos.