El último episodio del ya patente enfrentamiento entre el poder judicial y el legislativo se vivió este jueves con la singular situación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, cuya acta está en juego. La mesa del Congreso, tras una reunión accidentada, decidió pedir al Supremo un escrito de aclaración de sentencia que a buen seguro será pieza para las escuelas de práctica jurídica, visto el debate generado. Durante la reunión de la mesa, según relataron varios de los presentes, la presidenta, Meritxel Batet, se mostró partidaria de retirar el acta al diputado Rodríguez, tras el exhorto remitido el día antes por el titular de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, preguntando “cuándo” aplicaría el Congreso la inhabilitación.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado 18 de octubre.
El Supremo advierte al Congreso que debe inhabilitar al diputado Alberto Rodríguez
La situación es grotesca pero en realidad solo es otra estación de la tensión creciente entre el judicial y el legislativo, que ya tuvo episodios sonados la pasada primavera, cuando tanto el Consejo General del Poder Judicial como algunas organizaciones de jueces se dirigieron a la presidencia del Congreso reclamando conocer e informar el proyecto de ley que la cámara tramitaba para reducir las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando opera en mandato caducado. La respuesta entonces del Congreso reivindicando su autonomía legislativa sentó a cuerno quemado en el poder judicial y produjo un tira y afloja epistolar.
Ahora, el galimatías jurídico es mayor. El escrito de Marchena da a entender que él considera que Rodríguez debe perder su acta de diputado, pero el cuerpo de letrados del Congreso redactó un exhaustivo informe para la reunión de la mesa del pasado martes en el que concluía que la sentencia dictada por el Supremo en ningún caso comportaba que debiera aplicarse ninguna medida extraordinaria contra el diputado de Unidas Podemos, una vez pagada la multa.
El problema viene de origen: la condena contra Rodríguez por una supuesta agresión a un policía ocurrida en 2014 –un año antes de la fundación de Podemos, un caso que fue reactivado en el verano de 2020, a la vez que proliferaron varios sumarios más contra la formación morada– provocó dos votos particulares en la sala, muy críticos con la escasez probatoria del fallo, lo que puede explicar la escasa condena impuesta, un mes y quince días de prisión que, por ser inferior a tres meses, ha de ser sustituida por una multa. Al no haber pues pena privativa de libertad, los letrados del Congreso entienden que la inhabilitación especial de sufragio pasivo –en plata, que Rodríguez no puede ir en una lista electoral durante el tiempo de la pena– no puede comportar la retirada del acta. Como la pena no incluye privación de libertad entienden que no hay “incompatibilidad sobrevenida”. En cuanto al derecho de sufragio pasivo, esta inhabilitación, entienden los letrados, solo afecta a su eventual incorporación a una lista futura durante el tiempo de condena, pero no supone perder el escaño, porque eso requiere una inhabilitación para cargo público (que el Supremo pudo haber fijado y no lo hizo).
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Pero detrás del debate jurídico está el político. Por el PP, Ana Pastor, expresidenta del Congreso y miembro de la mesa, explicaba que a su entender la ejecución sí obliga a retirar el acta al diputado y que, si cabía alguna duda, el escrito de Manuel Marchena preguntando cuándo se ha aplicado la inhabilitación es en sí mismo una aclaración. “Lo demás son excusas, excusas y excusas”. También Ciudadanos cree que no hay caso, que Rodríguez debe irse. De forma más vehemente, Fernando Gil Lázaro, de Vox, opinó igual, aunque él dio por sentado que Rodríguez estaba expulsado. En la rueda de prensa, los periodistas le aclararon la situación.
En cambio, desde el PSOE y Unidas Podemos entienden que las dudas jurídicas que plantea la singular sentencia –expresadas por el informe de los letrados– aconsejan, cuando menos y en aplicación del estatuto del diputado, pedir mayores aclaraciones al Supremo, ya que la retirada del acta es irreversible. La reunión fue movida porque Batet, como presidenta, la única competente para tomar la decisión, se mostró partidaria de actuar ya retirando el acta, pero después de la votación de la mesa –5 a 3 a favor de esperar a que el Supremo se explique– optó por esperar a que el Supremo hable y luego decidir el destino de Rodríguez.
El episodio no ha terminado y tiene entretenidos a los especialistas en derecho –por la novedad del precedente–, y preocupados a muchos otros por el evidente rosario de encontronazos que se vienen sucediendo entre el poder judicial y el poder legislativo, de los que no los de menor rango fueron los que afectaron a los políticos independentistas, citados al caso como precedente.