"Tutto bene", y Puigdemont sonríe...
Desde su Casa de la República en Waterloo, Carles Puigdemont es la piedra en el zapato, el elefante en la sala, un obstáculo político con el que convivir. Desde una prisión en Cerdeña y con el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reclamándolo para ser juzgado por sedición y malversación fue, durante veinte horas, una amenaza para el futuro de dos legislaturas.
En Catalunya, la detención del expresident recrudeció la guerra fría entre los socios del Govern y se desplegó por episodios. Primero: Todos los consellers de Junts (a excepción de Victòria Alsina que debía encontrarse con Puigdemont en L’Alguer y acabó actuando de enlace diplomático) se concentraron ante el consultado italiano. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, incluso cuestionó la actuación de los Mossos (con ERC al frente de Interior) a la hora de gestionar la seguridad de la convocatoria. La máxima representación republicana fue Alba Vergés.
Segundo: Los consellers de Junts se reunieron en el despacho del Vicepresident en Palau a la espera de noticias sardas mientras el resto, de ERC, esperaba la convocatoria de Aragonès. Tercero: La declaración que leyó el president en la galería gótica se pactó sin dificultades antes de unirse a esperar la comparecencia judicial de Puigdemont. ¿Hubo condiciones? Lo que brilló por su ausencia en el texto fue la mesa de diálogo. Sólo había margen para denunciar la represión y reivindicar la amnistía y la autodeterminación.
La declaración del Govern no citaba la mesa de diálogo, fue Junqueras quien la defendió por ERC y Junts la desacreditó
Así que fue Oriol Junqueras el encargado en ERC de defender la mesa entre gobiernos –contra viento, marea y euroórdenes de la factoria Llarena– como el único instrumento válido para afrontar el conflicto catalán. El líder de ERC señala a Madrid, pero no a la Moncloa, cuando carga contra “algunos aparatos del Estado” y apuntala sin matices la estrategia de su partido y la relación de privilegio con el PSOE.
En Junts, Jordi Sànchez replicaba que “no se puede garantizar el diálogo y la negociación dando amparo a la persecución política”. Los posconvergentes secundan los llamamientos a la unidad del president Aragonès, pero no para incorporarse a la mesa de diálogo sino para poner en marcha ya un plan B. Junts sí señala a Pedro Sànchez pero Aragonès, cuya oficina mantuvo contactos durante la mañana con el Gobierno, dejó entrever ante sus consellers que achacaban la detención de Puigdemont a las cosas del Supremo.
Sánchez y Aragonès ganaron tiempo con una mesa de diálogo sin plazos, pero hay prisas con los presupuestos
Sánchez y Aragonès ganaron tiempo al reemprender las reuniones de la mesa de diálogo, pero la entronización de una negociación sin plazos no supone que no haya prisas en el Gobierno central. No para resolver una década de conflicto político –imposible misión a corto plazo–, sino para blindar el presupuesto con ERC y liberarse de las incomodidades de discurso que le genera la derecha con la carpeta catalana.
ERC ya ha negociado y votado los presupuestos de Sánchez con Junqueras en la cárcel, pero ahora debe preservar la presidencia de la Generalitat y sus socios en el Govern tienen claro que una extradición supondría el fin de la legislatura catalana y noquearía la relación de ERC con el PSOE.
El efecto Puigdemont ha pasado de ser una amenaza electoral a condicionar la convivencia de los gobiernos
El efecto Puigdemont ha pasado de ser una amenaza electoral a condicionar la convivencia de los gobiernos con cada asalto judicial. Aragonès corrió ayer a exigir la libertad del expresident y viajó a L’Alguer para no quedar fuera del nuevo escenario dibujado por Puigdemont. Sánchez reclamó que el expresident comparezca ante la justicia. Y los dos recuperaron el aliento cuando se abrió la puerta de la cárcel de Bancari y el efecto Puigdemont volvió a quedar casi congelado. “Tutto bene”, sonrió el expresident. Hasta la próxima batalla...