El aval del Tribunal Constitucional a la controvertida ley de Seguridad Ciudadana del 2015, impulsada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, devuelve la pelota de su derogación al Ejecutivo de coalición, que la incluyó en su acuerdo de gobierno, tras llevarla en sus programas electorales tanto el PSOE como Unidas Podemos.
Ayer, los de Pablo Iglesias se pronunciaron de inmediato, lamentando el sentido de la declaración del Alto Tribunal y reafirmando su compromiso en revertir las restricciones de libertades que incorporó la norma. Sin embargo, desde el Partido Socialista, nadie se pronunció al respecto. En todo caso, fuentes tanto de la facción morada del Ejecutivo como del grupo parlamentario confederal señalaban que los socialistas en ningún caso han comunicado su intención de desdecirse del acuerdo de gobierno al respecto. La sentencia del Constitucional, no exenta de avatares –incluida la salida de uno de los magistrados proponentes, Fernando Valdés, que dejó el cargo tras ser procesado por un presunto delito de violencia de género– que han ido afectando a su redacción final, y aprobada por mayoría –con tres votos en contra–, avala las discutidas “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Unidas Podemos insiste en la derogación de la ley mientras que el PSOE guarda silencio
Lo que han hecho los magistrados del tribunal de garantías, con el voto en contra de dos de ellos, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, es avalar toda la ley mordaza excepto en lo relativo al “uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
La sentencia ha tardado en salir adelante porque la primera ponencia, de Valdés, iba dirigida a declarar inconstitucional las devoluciones de inmigrantes. Sin embargo, en medio de su estudio se dio a conocer en febrero una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avalaba la actuación del Gobierno de España, lo que provocó un cambio de postura en el tribunal de garantías español. El TC respalda ahora el rechazo en frontera de cualquier inmigrante que intente entrar en España por procedimientos ilegales, utilicen o no la violencia o lo hagan solos o en grupo.
El único en pronunciarse públicamente fue el portavoz del grupo confederal Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, Pablo Echenique, quien a través de la red social Twitter aseguraba: “Que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley mordaza es preocupante. Pero también es, en cierto modo, irrelevante, porque la vamos a derogar”.
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