Aragonès niega irregularidades y denunciará la operación Vóljov a la justicia

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha negado este miércoles que haya habido contrataciones irregulares en la gestión de la pandemia y ha anunciado que llevará ante la justicia la “mala praxis policial” seguida, a su entender, por la Guardia Civil en la operación Vóljov. Pero las explicaciones de Aragonès no han convencido a los partidos de la oposición, puesto que minutos después de finalizar la sesión parlamentaria han registrado una petición de comparecencia para que los consellers del ramo aclaren su vinculación con los asuntos que investiga la actuación judicial.

El PSC ha recabado los apoyos de Ciutadans, Catalunya En Comú Podem y PP para reclamar la comparecencia del conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, y de la consellera de Salut, Alba Vergés, en la comisión de investigación sobre las residencias del Parlament. La petición se ha registrado tras conocerse que el juez que instruye la operación Vóljov sospecha que Xavier Vendrell, el exconseller republicano investigado, usó su influencia política para contactar con miembros del Govern con el fin de beneficiar sus distintos negocios, vinculados al tratamiento de residuos municipales, los laboratorios de biomecánica y hasta la fabricación de tests para la detección de la Covid-19. El juez también apunta a la creación de un comité de crisis paralelo al oficial que se habría encargado de coordinar las actuaciones en relación a las residencias durante la primera ola de la pandemia.

De esta forma, los partidos de la oposición vuelven a unirse para reclamar la comparecencia de los consellers del ramo después de que en la primera ola de contagios, la mayoría independentista lo evitara. Esa comparecencia puede volverse a impedir si ERC y JxCat vuelven a mantener la misma postura.

Los partidos de la oposición vuelven a unirse para reclamar la comparecencia de los consellers del ramo después de que en la primera ola de contagios, la mayoría independentista loevitara

El asunto ha sido objeto de controversia en la sesión de control al Govern de este miércoles . El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha preguntado sobre este asunto a Aragonès, y se ha mostrado preocupado por las sospechas del juez sobre el comité de crisis paralelo al oficial sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia, por lo que le ha reclamado que ordene a los Departamentos de Salut y Afers Socials la elaboración de un informe sobre estas actuaciones para poder tranquilizar a la opinión pública “desvaneciendo cualquier duda sobre un posible desvío de fondos públicos”.

El líder del PSC ha señalado que “las actuaciones judiciales y estas informaciones generan una inquietud que hay que despejar de inmediato”, pero Aragonès ha asegurado que “no hubo un comité de crisis paralelo al oficial” y “no hay ningún tipo de contrato de suministro de test por parte del departamento de Salut con las personas que involucradas” en la investigación, como tampoco hubo “ninguna contratación en el ámbito de residencias”.

Iceta a Aragonés: “Deseo que la realidad no les desmienta”

Ahora bien, el vicepresidente ha informado de que ha “pedido la información a los departamentos”, por lo que mantiene su “confianza en los servidores públicos que han estado trabajando en estos ámbitos”, y ha tratado de desacreditar la operación policial, de la que ha dicho que tiene “muchas lagunas” e “intenta construir un relato a partir de conjeturas”. Para el vicepresidente, se trata de una “investigación fraudulenta, una “mala praxis policial” que pretende “llevar ante la justicia” porque “se han vulnerado derechos fundamentales”. Entre las actuaciones que ha denunciado ha mencionado los accesos a domicilios, registros y “detenciones ante menores”. Una forma de actuar que tiene sus motivos en el “sesgo político” y en la voluntad de “buscar el espectáculo”, porque “toda la contratación está publicada” en los portales de la Generalitat, ha señalado.

El PSC ya pidió la comparecencia de ambos consellers el pasado lunes, como consecuencia de las informaciones conocidas sobre la investigación, pedían que las explicaciones se dieran en la comisión que lleva desde septiembre investigando la gestión de la Generalitat en el ámbito residencial y a la que le quedan apenas tres sesiones para concluir, pero la mayoría independentista la vetó. En la reunión de la comisión de ese lunes, se negaron a que los dos consellers dieran explicaciones sobre las sospechas que pesan sobre la gestión e incluso amenazaron con pedir también la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El portavoz socialista en la Comisión de Investigación sobre las Residencias en el Parlament, Raúl Moreno, reclama que se aclare la presunta relación de los investigados con empresas beneficiarias durante la gestión de la pandemia, a pesar de que desde el Govern, la consellera de Presidència y portavoz, Meritxell Budó, negó que David Madí o Xavier Vendrell hubieran influido en la toma de decisiones del Ejecutivo catalán. Aun así, la portavoz posconvergente derivó a la titular de Salut, republicana, las explicaciones sobre sus contactos con Vendrell.

El juez de la operación Vóljov cree que Xavier Vendrell usó su influencia política para contactar con miembros del Govern con el fin de beneficiar sus negocios, uno relacionado con la fabricación de tests para la Covid-19

La consellera se ha referido por primera vez a este asunto en la sesión de control al Govern de este martes. En el pleno, Vergès ha asegurado estar “muy tranquila” ante las “insinuaciones y relatos” de la Guardia Civil, en alusión a un almuerzo discreto que mantuvo durante tres horas con Vendrell.

Fue la diputada de Cs Noemí de la Calle, quien aludió a ese encuentro durante una pregunta sobre la actuación del Govern en las residencias ante la segunda ola de la pandemia. “Evitar muertes para este Govern parece que sea secundario: es más importante que una serie de amiguetes se lucre y haga caja con el drama en las residencias, como sugiere la investigación por pregunta corrupción que salpica a personas vinculadas a ERC y CDC. Qué rápido ha aprendido Esquerra de Convergència”, reprochó la diputada.

Vergès dice estar muy tranquila ante las “insinuaciones y relatos” de la Guardia Civil

Y Vergès fue contundente en su respuesta: “No hay nadie como nosotros que quiera el máximo de seguridad en la pandemia. Y es penoso que esto lo mezcle con insinuaciones y relatos de la Guardia Civil, que están insinuando evidentemente cosas que no comparto. Estoy muy tranquila en todo este aspecto”, replicó.

Antes que Vergès, la consellera de Justícia , Ester Capella, denunció que España “cada vez se acerca más a un Estado policial” y consideró la operación Vóljov “impropia de un Estado democrático y de derecho”. Capella aseguró que las actuaciones policiales comportaron “una vulneración sistemática de derechos fundamentales”, entre ellos los derechos a la intimidad, al secreto de comunicaciones, y a la defensa o a una tutela judicial efectiva.