Indultos y distensión

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, eligió una respuesta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, para anunciar, en el último suspiro de su intervención, que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos de los Procés para los que ha sido solicitado comenzará la próxima semana. Lo hacía un minuto después de haberle explicado al diputado del PP, Luis Santamaría Ruiz, que su departamento está preparando la reforma del código penal para ponerlo al día, y que ese aggiornamento incluirá modificar el tratamiento de los tipos penales de rebelión y sedición.

El gobierno se mueve hacia la distensión política de Catalunya y trata de facilitar la incorporación de los grupos catalanes a la negociación prespuestaria. Ambas noticias, toda vez que la mesa de diálogo con Catalunya sigue sin fecha, liberan presión de las espaldas de ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, se ofreció a hablar de los presupuestos con el Gobierno sin otra condición que acelerar la mesa, pero advirtiendo al presidente Joaquim Torra: “Si la mesa no se reúne todos sabrán por qué y por quién”.

Para la estrategia de JxCat, mientras Torra sigue sin tener resolución definitiva de su previsible inhabilitación y sin ceder a convocar elecciones, el relajamiento del cordaje político no es tan buena noticia. La tensión acumulada es poder para el irredentismo, y su liberación lo mengua.

La acogida en el ágora digital del anuncio de Campo, pese a la modestia del movimiento, ha sido de cierto júbilo, no solo en sectores independentistas –aunque en ese sector el clamor es por la amnistía, la medida se recibió con satisfacción–, sino entre simpatizantes socialistas y morados del Gobierno de coalición, entre los que se leía un comedido júbilo. Hay hambre de serenidad política y un notable cansancio del hecho de que Catalunya se haya convertido en un momento suspendido en el tiempo político.

De fondo, la decisión de mover a la Justicia, actor político principal de la última década. Pese al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial decidido por el PP, el ejecutivo no renuncia a rescatar la política del interior de los juzgados. La profesión letrada ha tomado conciencia del delicado momento institucional, del zarandeado prestigio de la magistratura, y hay movimientos inquietos entre las togas. Las revelaciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, acusando a dos compañeros afines al PP de tratar de condicionar su criterio sobre las querellas contr ael Gobierno es un patente indicio de lo que ocurre en la plaza de la Villa de París, el parquecito que separa la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo.

El país está preocupado –muy preocupado y cada vez más enfadado– con los números que facilita cada día el ministerio de Sanidad, pero también con los que salen de Economía y Trabajo, y cualquier noticia que hable de pacto, incluso de mera negociación, es recibida con alivio: así ocurrió el martes, con el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal para regular el teletrabajo.

El presupuesto que aplicará fondos de recuperación empieza a ser percibido como perentorio. La pandemia presiona y Justicia abre válvulas políticas. La sala de motores emite bramidos. La máquina se mueve.