La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que impida toda salida de los presos del 1-O

La Fiscalía quiere asegurarse de que los presos del procés se someterán a un estricto segundo grado sin poder salir a la calle y solicitó al Tribunal Supremo que suspenda los 100.2 de todos los presos. ­Después de que cinco de los internos independentistas vieran suspendido su tercer grado, el ministerio público quiere asegurarse de que no tendrán opciones tampoco para salir a trabajar o a hacer voluntariado.

Existía la posibilidad, muy remota, de que las juntas de tratamiento de las cárceles propusieran de nuevo aplicar a los presos el 100.2 del reglamento penitenciario que les permitía salir a trabajar, como venían haciendo desde febrero, y que contó con el aval de todos los jueces de vigilancia penitenciaria.

Los fiscales de Sala del Supremo, Javier Zaragoza y Javier Moreno, presentaron ayer un escrito en el que reclaman al TS que “se acuerde la suspensión de la ejecutividad de las decisiones del juzgados de vigilancia” que aprobaron el artículo 100.2, puesto que “se hallan recurridas por el fiscal en apelación”. Los fiscales buscan que sus recursos tengan el mismo efecto que la suspensión del tercer grado y ahora piden que también quede paralizada cualquier opción de salir a trabajar mediante el 100.2 porque ya cuentan con recursos presentados en su contra.

La solicitud se produjo después de que la semana pasada el Supremo dictara un auto en el que revocaba la aplicación del artículo 100.2 a Carme Forcadell y adoptase un nuevo criterio por el cual un recurso del fiscal paralizaba las salidas al exterior mientras eran estudiadas por el juez. En el caso del tercer grado ocurrió lo mismo. La Fiscalía lo recurrió ante el juez de vigilancia penitenciara y este acordó suspenderlo hasta que lo resuelva. De hecho, los fiscales Zaragoza y Moreno informaron al Supremo de que presentaron los recursos en contra de la semilibertad ante la juez de vigilancia a fin de “evitar que pudiera demorarse” la suspensión del tercer grado de los presos. Los fiscales temían que la situación de semilibertad pudiera prolongarse en el tiempo entre que las audiencias enviaban la documentación y el Supremo la recibía.

Los abogados de los presos, por su parte, empiezan a recurrir la suspensión del tercer grado y albergan serias dudas de que la Fiscalía pueda conseguir tumbar de forma inmediata la semilibertad de los presos. El primero en expresar sus reservas fue Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, que presentó ayer un recurso de reforma contra la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria. Argumenta que el efecto suspensivo se aplica en los recursos de apelación –contra un auto de un juez– y no en recursos de alzada –contra decisiones administrativas de las cárceles y la Generalitat–, como hizo el fiscal al oponerse a la progresión a tercer grado. Así, considera que suspender el tercer grado supone “realizar una interpretación excesiva” de la ley en perjuicio del preso.

El ministerio público en su recurso se refería a unas jornadas de fiscales penitenciarios en que aludían a los efectos suspensivos de sus recursos. “Por mucho que le pese a la Fiscalía, ni las circulares, ni las instrucciones, ni las conclusiones, ni muchos menos los acuerdos de Fiscalía son vinculantes ni integran nuestro derecho positivo”, responde Pina.