Enric Millo: “El independentismo lo volverá a intentar, pero de forma más sofisticada”

En el otoño de 2017, cuando el 1-0 y la aplicación del artículo 155, Enric Millo era el delegado del Gobierno en Catalunya. Unos momentos históricos y ahora ha publicado sus vivencias en un libro, El derecho a saber la verdad, editado por Península. En conversación con La Vanguardia expresó su creencia de que el independentismo lo volverá a intentar, aunque de forma más sofisticada, y contó que el ejecutivo de Rajoy tenía un plan de actuación en Catalunya post 155, que quedó en un cajón por la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez.

¿Qué le ha movido a escribir este libro?

No me lo había planteado, pero no se había publicado la versión de los que vivimos aquellos acontecimientos en primera línea desde la visión del Estado. Creo que hacía falta. Es un deber con el conjunto de la población poner en su conocimiento hechos que no se explicaron. Entonces no se podía contar por lealtad, pero dos años y medio después, sí.

¿Se refiere a las reuniones secretas que hubo?

Hay hechos y sucesos que se explican y que ponen de relieve una realidad que se ha ocultado y que hoy sigue ocultándose. Hay un relato oficialista independentista que intenta ocultar la verdad. Y es el hecho que el gobierno de España en su momento planteó un escenario de diálogo dentro de la ley y de la Constitución para plantear soluciones a ese problema que se había planteado. Eso se intentó ocultar. Y esa voluntad del gobierno de España de buscar soluciones reales a los problemas que subyacen fue un diálogo que no encontró interlocutor. No había nadie al otro lado de la mesa para hablar de estas cosas. Para ellos el diálogo era una trampa, ellos no querían dialogar.

O sea, que según usted fue la Generalitat quien dejó la silla vacía, esa imagen que salió en el juicio…

La silla, la Generalitat la dejó vacía. Me reuní con Puigdemont y Junqueras en secreto porque ellos me lo pidieron así, pero ellos no querían que se visualizara que había puentes tendidos, un interés por parte del Estado en encontrar soluciones a los problemas que había. Ellos me decían a mí que si entraban a dialogar sinceramente y lealmente era un gran riesgo para ellos: era asumir el riesgo de poder llegar a un acuerdo. Y si llegábamos a un acuerdo se acababa el procés independentista El objetivo era llevar al Estado a una situación que sólo tuviera dos opciones: ceder y aceptar un referéndum ilegal u obligar al Estado a encontrarse con una situación de colisión fuerte que pudiera utilizarse en la línea del victimismo al que estamos acostumbrados. Era una situación muy desleal que es bueno que se conozca. Dijeron que estaban dispuestos a aceptar las consecuencias que esto conllevara, que estaban dispuestos a ir hasta el final, hasta perpetrar ese golpe a la democracia que no era un farol. No lo era. Era de verdad.

En su libro dice que el 9-N ya fue un aviso y que usted se convenció en 2015 que el camino emprendido por la Generalitat ya era irreversible. ¿No hubo una dejación por parte del Gobierno de España respecto del problema catalán?

Hay un momento clave para mí que son las elecciones de 2012, cuando el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, explica públicamente que el ha fijado rumbo de colisión. Él dice que Catalunya es un barco a la deriva y que si no hacemos nada iremos a las rocas y para evitar esto hemos de poner rumbo de colisión. A mí me gusta la navegación y sabemos lo que es un rumbo de colisión: un naufragio. Si ante las rocas ponemos rumbo de colisión el naufragio está asegurado. En algunos ámbitos del Estado no se le dio la importancia que tenía. No se creyó que fuera sincero, en base a la historia anterior, de los cuarenta años de historia, de las relaciones con la Generalitat, con el nacionalismo entonces moderado. Se cayó en el error de creer que era lo de siempre. Pero ahí había un cambio importante que venía del 15-M, de aquel cerco al Parlament de Catalunya, de una Generalitat que estaba sin fondos, que tenía que hacer recortes sociales. Sólo había dos soluciones: o afrontar la crisis o buscar una solución mágica que era la independencia. Y esto culmina en 2015. Después de la elecciones de 2015 se ve un hecho que para mí era muy difícil de prever, y que marca mucho lo que pasó después, que es que aparece en escena como elemento condicionante del Govern de la Generalitat la CUP. Cuando un partido anticapitalista, nacionalista, antisistema, en fin todo, pero que es fiel a sus principios, condiciona el Gobierno y pone las normas de juego, esto rompe todo. La CUP es quien expulsa a Artur Mas del Govern, la CUP es la que pone como condición que se vaya a un referéndum de independencia, cosa que en el programa electoral de 2015 no existía. A partir de ahí se entró en una espiral de la que ya no salió.

¿Usted cree que se actuó bien el 1-0 en los colegios electorales, con las cargas policiales?

Mi gran objetivo, al que le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo, era evitar esa situación, que se produjo finalmente porque hubo voluntad por parte especialmente de quien dirigía aquel día todo lo que allí pasó, que era el president Puigdemont. El día 1 de octubre tiene un gran responsable que es Puigdemont. Eso es inamovible porque todo lo que hicimos antes del 1 de octubre para que no se produjera esta situación es infinitamente más importante que lo que pasó el 1. Lo que pasó el 1 fue realmente desagradable. Para todos. Nadie se puede sentir orgulloso de ese día. Pero lo importante es porque se produjo. Eso es lo que intento explicar con pelos y señales. Incluso los tres días antes del 1 de octubre, en esa famosa Junta de Seguridad de Catalunya que convocó Puigdemont, cuando ya teníamos sentencias firmes de los tribunales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que prohibían ese 1 de octubre y daban instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad y también a los mossos que hicieran todo lo necesario para impedir que se llevara a cabo. En ese momento la responsabilidad del president de la Generalitat era desconvocar el 1 de octubre. Era su responsabilidad. Estaba obligado a hacer eso.

Y no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, sino que presumió de no hacerlo.

¿Qué pasó en esa Junta de Seguridad?

Yo le interpelé directamente. Le dije, president, está muy claro que esto no se puede hacer, por tanto desconvócalo y reconvierte esto en una manifestación de las características que consideres pero que no incumpla directamente porque hay un mandato judicial de que hay que impedirlo. Su respuesta fue muy clara: yo no pienso desconvocar esto, yo tengo muy claro lo que vamos a hacer y vosotros hacer lo que tengáis que hacer. Un desafío con una intención muy clara de provocar una situación de confrontación en la calle, lo cual me parece una tremenda irresponsabilidad. Yo lo lamenté públicamente. Todos hubiéramos deseado que no se produjera.

En su opinión, ¿fueron necesarias las cargas?

Yo he explicado que no tenía autoridad para participar en esos días en el dispositivo judicial, ni tan sólo en las decisiones que se tomaban en cada momento en la actuación, porque estando bajo el mandato de un juez la autoridad gubernativa no tiene potestad para actuar. Se actuó bajo criterios de intervención policial, de proporcionalidad, de profesionalidad y que técnicamente se utilizaron los recursos que tienen estos cuerpos. Lo que hubiéramos tenido que evitar entre todos es que se produjera esta situación y no fuimos capaces porque había una parte, los líderes de la Generalitat, que tenían mucho interés en provocar esa situación.

¿En qué momento decidieron implantar el artículo 155 de la constitución?

Esta era una decisión grave, muy grave, porque no tenía precedentes. Hoy en día el artículo 155 ya no es un tabú, ya sabemos que es una garantía del orden constitucional. Estaba encima de la mesa pero había una voluntad muy firme del presidente de España, Mariano Rajoy en ese momento, de que ese artículo, si había que aplicarlo, tenía que contar con todos los requisitos que la ley plantea: de un incumplimiento flagrante de la legalidad, de una negativa a contestar a un requerimiento del presidente del Gobierno y, finalmente, una condición política, que puso el presidente del Gobierno, y es que tuviera el apoyo de las fuerzas constitucionalistas, porque días antes de ponerlo en marcha había voces constitucionalistas que pedían no aplicarlo, que era matar moscas a cañonazos. Pero llegó un momento en que fue imprescindible. Fue cuando por primera vez Puigdemont declara la independencia. Esta decisión de cesar a todo un gobierno autonómico se tomó el primer día que Puigdemont proclamó la independencia, y eso fue el día 10 de octubre, que la declaró y la suspendió en pocos segundos. Tras cumplir los trámites, el 27 se aprobó la aplicación. En ese momento todo apuntaba a que Puigdemont iba a convocar elecciones autonómicas y al final no lo hizo. Era un viernes. Y el lunes siguiente en Catalunya ya no había Gobierno de la Generalitat, pero lo que se había hecho era restaurar el orden. Lo que hizo el 155 era restaurar el orden constitucional, que se había roto.

Y duró ocho meses.

Fueron ocho meses de aplicación del artículo 155, en los que revitalizamos aspectos que la Generalitat tenía parados. Lo que sucedió es que una moción de censura del 1 de junio de 2018 vino a darles otra vez aire a los que habían intentado dar aquel golpe a la democracia. A partir de ahí las condiciones cambiaron. Hay algo que no pudimos hacer, y nunca se había hablado de ello, existía un plan post 155 que no pudimos aplicar porque esa misma semana es cuando se produce el nombramiento del nuevo Gobierno de la Generalitat por parte de Quim Torra y en ese momento se levantan las medidas del artículo 155. El nuevo Govern de la Generalitat comienza a andar con un nuevo Gobierno en España, que no es el que puso freno al desafío y que impidió la aplicación del plan post 155, que se quedó en un cajón y que no ha visto la luz.

¿Cómo era ese plan?

Tenía dos grandes componentes. Uno era mantener el espíritu de las medidas que se habían tomado para impedir que ese golpe a la democracia pudiera tener continuidad. Y la segunda cara de la moneda era, con el nuevo Govern de la Generalitat, sin ningún miembro de los que estaban encausados o habían huido al extranjero, sino con personas nuevas, establecer un canal a través del cual garantizar que se cumplen los derechos de todos los ciudadanos en Catalunya y que ese gobierno entra en un respeto a la Constitución y a trabajar para los catalanes en el objetivo de resolver los problemas que tienen los catalanes, cosa que en mi opinión no ha sucedido. Ahora mantiene la esperanza de que el Gobierno de España les de una salida en una mesa de diálogo, que no por el hecho de ser una mesa de diálogo es negativa, pero que es una mesa que está formada por personas que defienden públicamente que lo que hicieron lo hicieron bien, no reconocen el error que cometieron ni la culpa de lo que se les ha sentenciado y al mismo tiempo explican que cuando puedan lo volverán a intentar. Con estas premisas, muy poco se puede esperar de esta mesa de diálogo.

Dejemos el pasado y hablemos del presente. ¿Cómo valora la situación hoy?

Me gustaría ser optimista, pero me cuesta mucho. Yo hoy sinceramente lo veo muy complicado, lo veo muy difícil ya que para mí debería haber una premisa que es el reconocimiento de que lo que se hizo no estuvo bien. Pero ese reconocimiento no se produce. Es más, se insiste en la idea de que hay que reorganizarse, hay que rearmarse para volverlo a intentar. Y lo peor es que esta posición genera mucha incertidumbre y esto está perjudicando gravemente a Catalunya. No tan solo por la gran fractura social que se ha producido, y esto creo que ya hoy es una evidencia, sino que también ha tenido consecuencias económicas graves. Lo que se requiere es que el Gobierno de España, que es el garante de los derechos de todos los ciudadanos, sea muy consciente de que los pasos que está dando podrían incluso empeorar las cosas, si no fija claramente cuales son las prioridades y deja de una manera muy clara que no va a tolerar que se rompa con la democracia y con el Estado de Derecho. Esto es lo que todos los catalanes que son constitucionalistas, y que son mayoría, han echado de menos en algunas ocasiones y que hoy están pidiendo que se les tenga en cuenta. La obligación del Gobierno de España es tener en cuenta a toda la ciudadanía y no solamente a aquellos que dicen públicamente que lo volverán a hacer.

¿Pero usted cree que los acontecimientos de otoño de 2017 pueden volver a ocurrir?

Probablemente de la misma manera no, quienes lo intenten de nuevo no lo harán igual, porque ya se ha demostrado que fracasaron, aunque no lo reconozcan, por lo tanto intentarán una fórmula más sofisticada. Yo creo que han aprendido, tienen mucha capacidad de aprendizaje, por lo tanto si lo vuelven a intentar, que lo volverán a intentar, no lo harán de la misma manera, y probablemente el Estado tampoco actúe de la misma forma, porque también aprende, aquí todos aprenden. Me gustaría ser optimista pero me cuesta mucho. Para acabar, hay un factor que es esencial, que hoy no se da, que garantizaría que se pudieran reconducir las cosas en el futuro, y es la necesaria unidad de las fuerzas constitucionalistas para, dejando de lado los intereses partidistas, incluso ideológicos, actúen de forma unida en defensa de algo que es de todos, que es la democracia, el Estado de Derecho y la ley. Y esto hoy en día no se da. Esto se dio en 2017, duró muy poco tiempo y después se rompió. Esta falta de unidad es la principal baza del movimiento independentista para conseguir sus objetivos.