El caso de los ERE, en cifras
Caso ERE Andalucía
Repasamos las cifras del mayor caso de corrupción de la historia de España
Caso ERE de Andalucía | Sentencia del mayor caso de corrupción en España, en directo
Caso de los ERE: los 21 acusados y sus peticiones de pena
Caso ERE Andalucía: La sentencia más complicada de corrupción en España
El caso de los ERE de la Junta de Andalucía se enfrenta este martes a su sentencia, el momento más esperado por los 21 ex altos cargos del Gobierno autonómico que se sentaron en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Sevilla. Este mediodía sabrán si se les condena o absuelve de los delitos que les atribuye Anticorrupción, que solicita 10 años de inhabilitación para el expresidente Manuel Chaves y 6 de cárcel para su sucesor, José Antonio Griñán.
La Fiscalía acusa a dos expresidentes, siete exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.
680 millones de euros
El dinero supuestamente defraudado
Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera “ningún control” sobre ellos, según Anticorrupción.
El caso empezó a tramitarse cuando la jueza Mercedes Alaya, mediante su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abrió diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado hoy a todos los procesados para comunicarles el fallo.
854.838.243 euros
‘Fondo de reptiles’
La partida presupuestaria de los ERE, también denominada ‘fondo de reptiles’, ascendió a 854.838.243 euros. Esta cifra lo posiciona en el caso más copioso de la historia de España. El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces. Este procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).
300 acusados
El mayor número de imputados en España
Son unos 300 los acusados de diferentes delitos que respondieron en el juicio, convirtiéndose así en la trama con mayor número de imputados en España. La Fiscalía Anticorrupción baraja tres condenas posibles. La más suave es la de diez años de inhabilitación por prevaricación; la más dura, ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación más 30 de inhabilitación; y hay otra de seis años de prisión y el mismo periodo de prohibición de ostentar cualquier cargo público.
Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, está acusado de prevaricación. En la misma línea se encuentran Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda; José Salgueiro, que fue consejero de Hacienda apenas tres meses; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta durante siete años.
José Antonio Griñán, sucesor de Chaves se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación debido a su actuación como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). En este grupo están también la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Ocho años de cárcel
La petición de pena más dura
La petición de pena más dura, ocho años de cárcel, recae en 11 acusados, entre ellos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. A su vez, figuran dos exviceconsejeros, Agustín Barberá (Empleo) y Jesús María Rodríguez (Innovación), además de los ex secretarios generales Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y un director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano.
Los procesados están señalados por participar durante casi una década en la concesión de ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera “ningún control” por parte de la Administración, según Anticorrupción.
Siete años y más de un millón de folios
Un proceso largo y voluminoso
El pasado nueve de enero se cumplieron siete años desde que la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/2011 del caso de los ERE. A raíz de esto, se ha enfrentado a insultos, críticas de género y todo tipo de acusaciones que no le han impedido seguir adelante con el caso. El sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total, 1.100.000 folios. De hecho, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, llegó a calificar esta sentencia como “la más difícil de la historia judicial de España”. La sentencia será el resultado de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones.
1.700 folios de sentencia bajo llave
El documento final del falló constará de 1.700 folios y será firmado por el juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Audiencia de Sevilla se han posicionado para que no se filtre la sentencia: “No queremos que ocurra como con la sentencia del ‘procés’”, aseguran fuentes del tribunal.
Una amenaza para el PSOE
A la espera de la decisión final, el PP confía en que la sentencia complique la investidura de Pedro Sánchez y que tenga un impacto similar al que tuvo el caso Gürtel, con la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy. Ante esta situación, el PSOE descarta los efectos negativos en Sánchez, puesto que de 2000 a 2009 el actual secretario general no tenía responsabilidades en las filas socialistas. Sin embargo, la situación es diferente para Susana Díaz, que llegó al Gobierno andaluz en 2012. Sus competidores políticos la han vinculado al POSE de Sevilla durante el reparto de este fondo. Pese a las maniobras del PP, el juez Calle descartó incluso citarla como testigo.
A diferencia del caso Gürtel, en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político. Pese a esto, algunos procesados están acusados de beneficiar con fondos públicos a particulares y empresas próximas a los socialistas.