Heridos del 1-O se querellan contra los mandos del dispositivo policial por un “crimen de lesa humanidad”
Crisis catalana
Nueve víctimas de las cargas mantienen que hubo un “plan secreto” de “ataque contra la población civil”
Juan Antonio Nieto, Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos, responsables del operativo policial del 1-O
Nueve de los heridos de las cargas policiales del 1-O han presentado este jueves una querella ante la Audiencia Nacional por un “delito de lesa humanidad” contra los responsables políticos y policiales del dispositivo organizado para evitar el referéndum declarado ilegal en octubre de 2017.
La querella se dirige a los altos cargos del operativo. En concreto al exsecretario de Estado de Seguridad, Jose Antonio Nieto; el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el exjefe de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote; el exmando de zona de la Guardia Civil, Ángel Gozalo; y el que fue máximo coordinador del operativo policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos. También han sido denunciados los ex-subdelegados del Gobierno de las cuatro demarcaciones catalanas.
La querella se dirige a la Audiencia Nacional y se ha notificado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya
La querella lleva la firma de la Associació d’Afectats de l’1-O, la Associació Advocacia per a la Democràcia de Lleida y la Associació Atentes de Juristes pels Drets Civils, que informan que también se ha notificado la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. Los querellantes consideran que los responsables del operativo organizaron un “ataque generalizados o sistemáticos contra parte de la población civil con motivo de la pertinencia de las víctimas a un grupo o colectivo perseguido por motivo político”.
Según informan las mencionadas asociaciones, el objetivo de la acción judicial es “cumplir con las apelaciones de la ONU y del Consejo de Europa para realizar una investigación global” de los hechos, además de “luchar contra la impunidad de las altas autoridades españolas”. A su juicio, los responsables del operativo planificaron “una operación al margen de la actuación policial” contra “la población civil” y hecha “en secreto y bajo mando estructurado, estable, estratégicamente organizado y fuertemente jerarquizado”.
En este sentido, aseguran que hubo una actuación secreta de los servicios de inteligencia en Catalunya previa al 1-O, al menos desde 2014, y que habría desembocado en la llamada Operación Copérmico. A su juicio, fue un dispositivo de “intervención contundente y con uso de la fuerza con medios propios de formaciones militarizadas, como los antidisturbios”. Se perfiló, continúan, un “plan secreto y paralelo de intervención policial que utilizaría el amparo legal de un plan regular y administrativo” y que supuso el envío de seis mil agentes a Catalunya para formar una “fuerza de choque de once mil agentes”.
Entre los querellados, el excoodinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos; el exdelegado del Gobierno, Enric Millo, y el exnúmero dos de Interior, José Antonio Nieto
Un plan, mantienen los querellantes, que implicó seleccionar los colegios a los que se iba a intervenir que se “atacaron simultáneamente y en forma de abanico” y “siguiendo unas órdenes jerárquicas que se habrían transmitido a los agentes desplegados en forma de briefings orales los días 28 y 29 de septiembre y el 1 de octubre”.
Los heridos querellados son Jaume Comaposada Pla (Barcelona), Josefa Aguilera Ropero (Barcelona), Ferran Soler Jubany (Maresme), Magdalena Clarena (Bages), Aleix Pérez (Bages), Jordi Pesarrodona (Bages), Joan Badia (Bages), Sergi Albarral Nadal (Tarragona) y Enric Sirvent Peguera (Lleida).