El plan tras la DUI

Los investigadores de la Guardia Civil han remitido un último informe al juzgado de instrucción número 13 que analiza las comunicaciones intervenidas en el teléfono del secretario de Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, y todo el material que le fue incautado en su despacho de la Conselleria d’Economia el famoso 20 de septiembre.

Aquel día todas las miradas estuvieron puestas en el exterior. La gran concentración que se produjo a las puertas del departamento constituye uno pilares de la Fiscalía para acusar por rebelión a los líderes independentistas. Pero lo que pasó en el interior del edificio no es menos relevante, ya que deja al descubierto los planes del Govern para llevar a cabo el referéndum y recopila todo el trabajo desempeñado desde la administración catalana para poner en marcha la república. Todo aquello acabó convertido en un gran simulacro.

El Govern ya era consciente en octubre del 2017 de que no se podía declarar la independencia porque las llamadas estructuras de Estado no estaban listas, como reconocen los propios investigados en las escuchas realizadas. Pero eso no significa que no hubiera nada preparado. Los presuntos arquitectos de las estructuras de Estado, Josep María Jové y Lluís Salvadó, secretario de Economia y de Hisenda, respectivamente, tenían redactados 152 proyectos de ley y decretos para ser aprobados a partir del 2 de octubre, según consta en el último informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la Vanguardia.

Pese a la falta de viabilidad de la declaración, ERC no quería quedar como el socio aguafiestas del independentismo, tal y como constatan las conversaciones interceptadas. Poco antes del 1-O, Salvadó tenía concertada una visita de Elsa Artadi, emisaria de Puigdemont. El dirigente republicano no lo veía claro y comentó con Junqueras y con uno de sus asesores vía WhatsApp que les faltaban muchas estructuras para poder declarar la independencia: el control aduanero o un banco propio, por ejemplo.

La Generalitat quería convertir a los mossos en el ejército catalán, según la investigación

Pero a pocos días del referéndum, Salvadó temía que si decía la verdad, ERC fuera señalada como la “culpable” de no haber hecho el trabajo. Al final, Salvadó se limitó a advertir a Artadi que no bastaba con “cambiar la bandera” sino que había que dar confianza a la gente de cara al referéndum. Una manera de decir que al proyecto político le faltaba solidez.

Se supone que Salvadó y Jové llevaban tiempo ideándolo todo. Hicieron visitas a Irlanda, a Noruega, a Londres, a Eslovenia o a la región de Flandes para conocer su sistema tributario y estaban –según consta en el atestado– en conversaciones con el gobierno chino para impulsar el banco central catalán.

Ambos encargaron la creación del sistema informático para controlar todos los impuestos tras la declaración de independencia. Había decretos redactados para los futuros ministerios de la república catalana, borradores y anteproyectos para la creación de las estructuras de Estado: hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial, control de las telecomunicación, infraestructuras básicas...

La Guardia Civil apunta en el informe que el Govern pretendía que la policía catalana asumiera toda las competencias en defensa. Incluso el 6 de septiembre del 2017 – el día que el Parlament aprobó la ley del referéndum–, Salvadó envió un informe al departamento de Vicepresidència que planteaba “la creación de un ejército” tras la declaración de independencia “destinado a defender la república ante los riesgos que podrían provenir del Estado español”. Se crearían nuevas unidades dentro de los Mossos, que dependerían del Departament de Presidència, como la agencia de ciberseguridad y la agencia nacional de inteligencia, y se les dotaría de mayores competencias, como el control de fronteras y extranjería, salvamento marítimo, control de armas y explosivos, ciberdelincuencia, infraestructuras críticas y lucha contra el terrorismo.

La Guardia Civil remite una nueva remesa de informes al juzgado de instrucción número 13

El Govern puso mucho empeño en tener a punto todas las estructuras de Estado para cuando el president decidiera declarar la independencia, pero no llegó a tiempo. Lo que sí parece cierto es que desde las elecciones del 2015, el Govern trabajaba para poder cumplir con el objetivo electoral de proclamar la república en 18 meses. A esta labor de volcaron Salvadó y Jové, ambos detenidos el 20-S.

Salvadó ha estado imputado en el juzgado 13 pero ahora nadie le reclama, mientras que Jové está imputado por el TSJC. Él es el supuesto propietario –aunque no lo ha reconocido– de la famosa libreta Moleskine en la que se detallaban las reuniones y negociaciones para el referéndum y que ha sido una prueba clave de la acusación en el Tribunal Supremo.

Pero no todos los papeles estaban en orden. Las intervenciones telefónicas mostraron como aquel 20 de setiembre del 2017 una trabajadora de Economia llamó a Lluís Salvadó hacia las 8 de la mañana para avisarle de que la Guardia Civil acababa de llegar. “Coge la pila de papeles que hay y tíralos al patio”, le encomendó Salvadó. No tuvo tiempo.