España ha concedido a más de 3.300 venezolanos la residencia por razones humanitarias en lo que va de 2019

España ha facilitado la estancia legal de 3.323 ciudadanos venezolanos en lo que va de 2019 bajo la premisa de la 'ayuda humanitaria', según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, recientemente ACNUR ha cifrado en 70,8 millones las personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares, 2,3 millones más que el año anterior principalmente por los desplazamientos de etíopes y venezolanos.

La duración de este permiso especial es de un año, prorrogable

España decidió en el mes de enero que estudiaría la posibilidad de conceder la 'ayuda humanitaria' --figura contemplada en la Ley de Asilo y Refugio-- a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional desde 2014.

La concesión se hace tras una análisis individualizado del solicitante de asilo procedente de Venezuela. Desde que se puso en marcha esta medida, se ha autorizado a más de 3.300 venezolanos la residencia temporal, cuya duración es de un año y será prorrogable, tal y como han señalado estas mismas fuentes.

Esos 3.323 venezolanos solicitaron protección internacional por la vía convencional, pero sus expedientes fueron rechazados entre febrero y mayo de 2019, teniendo en cuenta que en enero la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) no se reunió.

La CIAR es el órgano colegiado que se encarga de elevar las propuestas de resolución de las peticiones de asilo, previamente analizadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que es el órgano que instruye el procedimiento para la concesión de protección internacional.

Entre febrero y mayo, este órgano ha resuelto en total unos 8.500 expedientes, lo que supone una media de unas 1.700 solicitudes de protección internacional resueltas al mes, según han recalcado estas mismas fuentes de Interior, que destacan que es un ritmo "muy superior" al del año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074 resoluciones de peticiones de asilo.

De ese total de 8.500 expedientes, 3.323 son de ciudadanos de Venezuela que han resultado no ser beneficiarios de asilo. De acuerdo a los datos oficiales, Venezuela no está entre los países que tienen mayores tasas de resoluciones favorables.

Pero ellos pueden disfrutar de la ayuda humanitaria, tal y como prometió el Gobierno ante el aumento sostenido en el tiempo de solicitudes de protección internacional por parte de estos --han pasado de 58 en 2011 a 20.004 en 2018, y en lo que va de 2019 se han registrado 16.846--.

No sustituye el estudio del asilo

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, ha afirmado que esta medida del Gobierno "es un importante paso adelante" y "ayudará" a muchos venezolanos "en el proceso de integración en España".

Pero ha destacado que esta medida "no sustituye el estudio individualizado de las peticiones de asilo de los venezolanos" por parte de las autoridades competentes y el reconocimiento del estatuto de refugiado a las personas que reúnan los requisitos de la definición a la Convención de Ginebra de 1951 y de la ley de asilo española.

Según ha explicado, muchas de las personas que salen de Venezuela "necesitan" protección internacional, aunque también hay quienes salen por las circunstancias socio económicas. "Los motivos de salida son muy diversos, desde la inseguridad y la violencia, la persecución y amenazas, la falta de acceso a medicinas, alimentos y a servicios básicos así como la pérdida del poder adquisitivo y la falta de sistemas de protección nacional por la situación política socioeconómica y de derechos humanos imperante en el país", ha apuntado.

Vega ha destacado que España se ha convertido en el principal país de la Unión Europea para solicitantes de asilo venezolanos, principal nacionalidad de solicitudes en España desde 2016. Según ha incidido, los perfiles de los que piden asilo en España "son variados": desde quienes alegan persecución por parte de "colectivos", o "por ser percibidos como opositores", profesionales de distintos sectores, como funcionarios, profesores, militares o personas del colectivo LGTBI.