La ANC y Òmnium denuncian la “represión” política y económica a los procesados
Justicia
Las asociaciones llaman a “llenar” la ‘caixa de solidaritat’ de dinero y las urnas de votos soberanistas
Mauri, Benach, De GIspert y Paluzie, este sábado
La ANC y Òmnium han denunciado este sábado la “represión” política que viven los presos políticos, después de que se suspendiera como diputados a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull; y la “represión” económica contra los procesados por el Juzgado número 13 de Barcelona, ya que pese a haberse depositado las cantidades reclamadas se mantienen embargadas sus cuentas. En ambos casos, los derechos están siendo vulnerados, defienden.
Así, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, habló de “falta de garantías procesales” en una rueda de prensa conjunta este sábado en Barcelona. “Ante un nuevo ataque a la democracia, dos gestos claros: llenemos la ‘caixa de solidaritat’ y el domingo llenemos las urnas de votos soberanistas”, completó Marcel Mauri, vicepresidente y portavoz de Òmnium. Mauri incidió en la “represión” que se representa con los embargos de cuentas y la persecución económica vulnerando los derechos de los políticos presos.
En el terreno económico, “los 2,1 millones que reclama Llarena se pagaron. Ahora, este juzgado pide 5,8 millones pero no acepta que hay 2,1 millones que ya se habían depositado. Estábamos pendientes del recurso por estos 2,1 millones, pero antes de resolver el recurso ya se está embargando”, planteó.
Donaciones
Las asociaciones piden nuevas colaboraciones a la ‘caixa de solidaritat’
En este sentido, ambas asociaciones han pedido un “último” esfuerzo para que se levanten los embargos de algunas propiedades de los imputados. Ernest Benach, vicepresidente de la asociación Foment de la Caixa de Solidaritat, pidió aportaciones “para hacer frente no solo a este caso, sino a muchos otros casos menos visibles de persecución a raíz del 1-O”. En este sentido,de los 5,8 millones exigidos se han depositado 5,1 millones, por lo que se ha hecho un llamado a una aportación de 700.000 euros para levantar el embargo de las propiedades de los procesados.
En el acto también estuvo presente Núria de Gispert, presidenta de la asociación Foment de la Caixa de Solidaritat.