La presencia de Vox en el juicio del ‘procés’ y su influencia electoral

Queda todavía un mes para que arranque (oficialmente) la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, que se enlazará a continuación con la campaña de los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo, y ya hay varios elementos que han puesto en tela de juicio la preservación de la neutralidad política pública de la carrera a las urnas. Un foco apunta al Supremo, con la presencia de Vox como acusación popular; otro hacia el Govern y la exhibición de lazos amarillos y estelades en edificios de la Generalitat; y un tercero mira –o miraba– hacia la Moncloa y los decretos gubernamentales de marcado carácter social.

Los dos últimos son casos distintos al primero, dado que el sujeto es gubernamental, y por lo tanto ha entrado la Junta Electoral Central, órgano superior de la administración electoral. Para exigir la retirada de lazos y estelades, por un lado, y permitir las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, por el otro. Una JEC que está formada por cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados a propuesta de los partidos y de ocho magistrados del Tribunal Supremo escogidos por insaculación por el CGPJ. Ocho nombres elegidos aleatoriamente entre los que, en esta ocasión, se hallan dos jueces que forman parte del tribunal en el juicio del procés : Luciano Varela y Ana Ferrer –que, según fuentes jurídicas, no participaron en la votación sobre los lazos y las estelades.

Vox

Los partidos políticos en el rol de la acusación popular

La JEC, sin embargo, no interviene en las figuras judiciales, como la que usa Vox al ejercer de acusación popular en el mediático juicio del procés. La comparecencia de los letrados de la formación ultraderechista Javier Ortega Smith y Pedro Fernández –al mismo tiempo, destacados dirigentes del partido– en todas las jornadas de una causa con un notable seguimiento de los medios les otorga una preciada visibilidad a las puertas del intenso ciclo electoral. Lo que ha provocado manifiestos recelos en la mayoría de partidos e, incluso, en el Ejecutivo central.

De hecho, el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de “anómala” la presencia de Vox en el mentado juicio, y llamó a “reformar” la figura de la acusación particular –reglada por el artículo 125 de la Constitución– tras los comicios. Ya entre los protagonistas de la causa 20907/2017, la defensa de Jordi Cuixart reclamó al Supremo expulsar a Vox de la causa porque entendía que Vox usaba la acusación como “propaganda electoral”.

Elecciones generales

El 56% de los encuestados apunta que Vox aprovechará su presencia mediática en el juicio para mejorar sus resultados en las urnas

En este sentido, la mayoría de los españoles está de acuerdo en que la participación de Vox en el juicio del procés beneficiará al partido ultraderechista de cara a las elecciones generales del 28-A. En concreto, y según señala una encuesta de YouGov para La Vanguardia, el 56% de los preguntados opina que los de Abascal sacarán fruto de su papel como acusación popular. Convencimiento que tiene más fuerza entre los hombres preguntados –el 60% lo piensa–, que entre las mujeres (49%); y entre las rentas altas (62%), que entre las bajas (58%).

Una brecha que se ensancha ligeramente si se analiza con valores geográficos: si se atiende sólo a las respuestas de los encuestados de Catalunya, el porcentaje de los que creen que la cuota mediática que gana Vox en el juicio del procés les beneficiará en las urnas cae diez puntos hasta el 46%.

A denuncia de Cs

La JEC ve “partidistas” los lazos y estelades, por lo que exige su retirada de los edificios de los “poderes públicos”

La influencia de los lazos amarillos y las banderas estelades en campaña electoral sí que está acreditada. Al menos así lo entiende la Junta Electoral, que, tras una denuncia de Ciudadanos, requirió este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que ordenara en un plazo de 48 horas “la inmediata retirada de las banderas estelades o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Catalunya”.

Y es que la JEC califica ambos símbolos de “partidistas” y recuerda que son usados por “formaciones electorales concurrentes a las elecciones”, por lo que reclamó al Executiu catalán que lo retire de sus inmuebles. “Son signos que pueden ser legítimamente utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos”, subrayó.

Una petición que el Govern ha esquivado, manteniendo lazos y estelades y pidiendo a la JEC una reconsideración, ya que, según defiende Torra en una misiva, “la resolución de la JEC, lejos de mantener la neutralidad política, está favoreciendo a los postulados de los partidos que han atacado sistemáticamente esta manifestación pública”, en alusión a Cs.

La cuestión de los lazos amarillos también surgió en el primer escenario, el judicial –que no ejecutivo– en el salón de plenos del Supremo, cuando Vox reclamó al tribunal que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez –el único procesado que lo luce– se lo quitara de su solapa aludiendo a su “carga política indudable”. “La Sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen ese símbolo”, respondió el juez Marchena.

Junta Electoral

Las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros seguirán pese a las denuncias de PP y Cs

También Cs, además del PP, denunciaron a la JEC las ruedas de prensa del Gobierno durante la precampaña electoral al calificarlos de “mítines electoralistas”. Los denominados viernes sociales, en los que el Ejecutivo central ha venido anunciando varias medidas de calado social como la ampliación del permiso de paternidad o el subsidio para parados mayores de 52 años –a convalidar después a través de la Diputación Permanente del Congreso, dado que las Cortes ya están disueltas.

Una petición que la Junta Electoral desestimó al determinar que el Gobierno puede seguir con las ruedas de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros dado que no se contraviene los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG. Un artículo de la ley Orgánica del Régimen Electoral General que señala que desde la convocatoria electoral hasta el día de la votación “queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”, así como “cualquier inauguración de obras o servicios públicos”. El presidente de los populares, Pablo Casado, ya ha avanzado que elevará la cuestión de los viernes sociales al Tribunal Constitucional.

Con un mes por delante antes de acudir a las urnas, la JEC ya ha entrado en escena y con un papel principal, que seguro que mantendrá hasta el 28-A. Protagonismo que, en cambio, quiere mitigar el Supremo en el caso del juicio del procés, conducido raudamente para tratar de finalizar antes de comenzar la campaña electoral. Si es que, de facto, no ha empezado.