Villarejo cobró “mucha pasta” de Interior por la operación Catalunya

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo, según sus propias palabras, habría cobrado grandes sumas de dinero de fondos reservados para obtener información sensible sobre dirigentes catalanes independentistas dentro de la denominada operación Catalunya que se inició en la época de Jorge Fernández Díaz como titular del Ministerio del Interior.

Villarejo formó parte de la llamada policía patriótica, que ideó el entonces director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino desde el 2012 para intentar frenar el independentismo mediante el cerco judicial a sus dirigentes.

El excomisario reconoce en una conversación con una persona de su confianza, que él mismo grabó en febrero del 2017 y a la que ha tenido acceso La Vanguardia, que le ­habrían pagado “mucha pasta” de los fondos reservados que manejaba la Policía para realizar investiga­ciones en Catalunya. Esta conversación ha sido analizada por la unidad de asuntos internos de la Policía, que investiga, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, el caso Tándem, sobre la organización criminal liderada por este exfuncionario, en prisión preventiva desde noviembre del 2017.

En una conversación grabada por él mismo, Villarejo detalla de dónde salía el dinero

En la conversación grabada pocos meses antes de ser detenido cuenta cómo recibió el dinero. “Marcelino me ha pagado mucha pasta porque él era el que manejaba la pasta de Catalunya, de lo otro, de lo tal. ¿Yo qué tengo? Pues hasta fotocopiados los billetes, claro, ¡nos ha jodido!”, exclama. Más adelante lamenta: “Me han dejado un zurrón a deber; aún me deben unos 50 o 60.000 pavos”, relata el excomisario a su interlocutor.

En ese encuentro, el excomisario explica que quien tenía fondos reservados era el entonces jefe de asuntos internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, quien lo niega. “Yo lo denuncié. Hay una denuncia, además, sellada, donde yo digo este tipo tiene la maría en la ­caja fuerte, un zurrón de pasta y ­cada vez que tal saca la pasta y no pide justificante, ¡qué cosa más rara! Claro, y a mí cuando me daba yo le decía: ‘no tronco, yo te justifico’”. “No, no hace falta”, le replicaba Martín Blas, según Villarejo.

El excomisario detalla en aquella conversación que a él le daban billetes de 500 y 100 euros. “El tema es que el Banco de España cuando da para los fondos reservados la numeración va asignada; es decir, el día que yo tenga que enseñar y decir: ‘mire uno de los billetes con el que ha pagado al de Andorra, al del banco de tal, aquí están’. Entonces que miren, a ver ese billete a quién se lo asignaron. Eso es muy fácil”.

Villarejo y Martín Blas han protagonizado varios enfrentamientos en diversos Juzgados. De hecho, el primero aseguró ante un juez de Madrid que había realizado varios viajes y trabajos junto a Martín Blas en Catalunya aunque este segundo siempre lo ha negado y ha defendido su escasa relación con Villarejo. Es más, éste está procesado por haber participado en una grabación ilegal a Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos, con miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y por lo que la Fiscalía solicita para él 4 años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En la fecha de la conversación en la que Villarejo reconoce el cobro de fondos reservados, el excomisario ya estaba investigado en varios procedimientos como el caso del ‘pequeño Nicolás’ o por el presunto apuñalamiento a la doctora Pinto. Pero además, ya se estaba mirando con lupa su patrimonio, y Asuntos Internos había detectado a su nombre una treintena de sociedades con capital social desembolsado de 25 millones de euros, además de la propiedad de 92 inmuebles. En febrero de 2017 ya se conocía ese informe pero Villarejo había conseguido que esas investigaciones no siguieran hacia adelante. Meses después el caso lo asumió Fiscalía Anticorrupción, que en noviembre de ese mismo año ordenaba su detención y solicitaba su ingreso en prisión.

Villarejo entró de lleno en la llamada policía patriótica en el 2012. Mariano Rajoy acababa de llegar al gobierno en diciembre del 2011 y había elegido como hombre fuerte de la Policía a Eugenio Pino.

En Catalunya, en el 2012, Artur Mas cuyo gobierno vivía bajo los efectos de la crisis económica y el recorte del gasto público, decidió ponerse al frente del creciente movimiento independentista que empezaba a ganar terreno en la calle. Mas adelantó las elecciones a noviembre del 2012 y perdió 12 diputados. Aquel resultado fue un punto de inflexión en la historia de CDC.

Marcelino Martín Blas disponía de fondos que no requerían justificación de gasto

Desde el Ministerio del Interior se ideó una estrategia para debilitar a los dirigentes independentistas a través de investigaciones, principalmente por corrupción.

El objetivo más sencillo era Jordi Pujol y su familia: ya se les señalaba desde algunos sectores de haber impuesto el cobro de mordidas en la obra pública, el famoso 3%. Una de las primeras misiones de Villarejo fue captar al empresario Javier de la Rosa, condenado por varios casos económicos, y a la exnovia del hijo mayor del expresident para que los denunciaran por asuntos vinculados al blanqueo de dinero.

De hecho, en su primer interrogatorio ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras ser detenido, en noviembre del 2017, el excomisario reconoce haber hecho estas labores. Dio una explicación poco creíble para la juez y los fiscales de cómo cobró esos trabajos. Según relató, sus empresas privadas –con un patrimonio de 25 millones de euros a pesar de ser funcionario público– servían para dar apoyo y cobertura a la Policía y el CNI en ciertos asuntos, mencionando directamente el caso Pujol para “auxiliar” a los testigos que luego declararon ante la Policía, como De la Rosa y Álvarez.

Villarejo habría colaborado en el traslado de estas dos personas para declarar ante la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) en el 2012, época que dirigía la unidad su amigo José Luis Olivera. Consiguieron que De la Rosa fuera a un juzgado de Madrid para asegurar que la familia Pujol tenía cuentas en Suiza, pero en el último momento se retractó. Por su parte, Victoria Álvarez acudió a la Audiencia Nacional a declarar contra el hijo mayor del expresidente y sostener que vio cómo llevaba a Andorra maletas llenas de billetes de 500 euros. Seis años después, la instrucción contra la familia Pujol sigue abierta en la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo y organización criminal. En abril del 2017 el primogénito de los Pujol ingresó en la cárcel, de la que salió en julio del 2018.

El excomisario lideró a la ‘policía patriótica’ organizada en el 2012 desde Interior

Y a finales del 2012, la llamada ­p olicía patriótica, con Villarejo a la cabeza, hacía de las suyas. Entonces se publicó un informe de la UDEF en el que se hablaba de supuestas cuentas en Suiza del president Artur Mas. Nadie de aquella unidad policial sabía de dónde salía ese documento, sin fechar y sin firma. Pronto se le llamó “borrador fantasma” y nunca se judicializó.

Un año después también se publicó la existencia de una supuesta cuenta del entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias oculta en Union de Banques Suisses (UBS) en la que se habrían transferido fondos desde Andorra. UBS emitió un comunicado que negaba la existencia de esa cuenta y Anticorrupción rehusó investigarlo. Aunque el año pasado el exdirigente convergente reconoció la existencia de un trust familiar administrado por otra entidad bancaria suiza, RBS Coutts.

El propio Josep Pujol, otro de los hijos del expresident, cuando declaró como investigado en la Audiencia Nacional relató cómo Villarejo quiso reunirse con él y le contó cómo montó la operación con ­Victoria Álvarez y De la Rosa: “Y me dice que la información se ha cocinado para tener una causa aquí y ‘poder joderos porque nosotros ­vamos contra vosotros por el tema independentista’, y que es una ­instrucción directa del ministro del Interior”.

Una fonoteca que marca la agenda política

El 20 de septiembre del 2012, Artur Mas se entrevistó en Madrid con Mariano Rajoy y le solicitó un pacto fiscal, petición que no fue atendida. A partir de entonces tomó cuerpo la posibilidad de optar por la independencia. Son los tiempos en que crece vertiginosamente la Assemblea Nacional Catalana y de las grandes manifestaciones del Onze de Setembre. El gobierno asiste descolocado a lo que ocurre y se da cuenta que no sabe nada ni de las entidades que lideran este fenómeno, ANC y Òmnium, ni de las personas que lo lideran, ni de cómo se financian. En paralelo, en los juzgados estaba el asunto del Palau de la Música y asomaban otros escándalos relacionados con Catalunya.

Siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se ordenó a la Policía que indagara quién era quién en el movimiento independentista y qué posibles escenarios se podrían desarrollar. Agentes de las unidades centrales de Madrid y también de Barcelona redactaron informes que eran remitidos a la dirección general operativa de la Policía, con Eugenio Pino al frente, donde se centralizó esta investigación bajo la supervisión de varios comisarios. A este departamento estaba adscrito un comisario que ya se había distinguido por osadas intervenciones: José Manuel Villarejo. Por medio de unos detectives privados entró en contacto con María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, y así comenzó a trabajar sobre Catalunya.

El problema es que sus métodos eran cuestionables, como su manía de grabar todas sus conversaciones, incluso con los que se creían sus amigos. Otra cuestión es que cualquier dato que se averiguaba era filtrado a la velocidad de la luz a determinados medios, aunque no se hubiera comprobado fehacientemente. Incluso informes anónimos que no tenían padre ni madre, y que contenían más rumores que realidades.

El final es que Villarejo es el nombre que aparece en todos los menús, desde el BBVA hasta los Pujol pasando por la Gürtel, y que su fonoteca está marcando la agenda política.