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Las incógnitas despejadas (o no) de los testigos del juicio del ‘procés’

La prueba testifical

Rajoy y Sáenz de Santamaría se desvinculan del operativo policial, y Montoro no descarta posibles partidas engañosas destinadas al referéndum pese al control de las cuentas de la Generalitat

El juicio del ‘procés’ de Catalunya, en directo

Rajoy, Mas, Sáenz de Santamaría, Montoro y Pascal, en el Supremo

LV

Los ojos han mirado este miércoles al desfile de testigos de renombre que han comenzado a pasar por la sala del Tribunal Supremo donde se juzga la causa del procés. El plato fuerte lo han formado la presencia de altos responsables políticos como los expresidentes Mariano Rajoy y Artur Mas, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Obligados a responder a todas las partes, los testigos han dado su versión de los hechos, vetados en todo momento por el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, que tuvo que emplearse a fondo desde el inicio para acotar los interrogatorios sin que estos derivasen en alegatos políticos, debates o consideraciones farragosas o quintaesencias inservibles.

Joan Tardà

Diputado de ERC en el Congreso

La presencia del diputado de ERC, Joan Tardà , como testigo en el juicio del procés fue por su presencia el 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia durante el registro de la Guardia Civil. Al respecto, ha dejado claro que “ni la unidad de España ni la independencia de Catalunya valen la más mínima violencia”. Ha negado que existiera violencia ni durante los registros ante la Consellería el 20 de septiembre ni en el referéndum del 1-O, más allá de la de la los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Sobre el 20-S ha explicado que fue una concentración espontánea sin actos de violencia. Allí emplazó a actuar “a la catalana, cívica y pacíficamente”. “No me sentí violentado por nadie, ni que nadie me violentara, ni las personas que estuvieron a mi lado estuvieran tensas”. Según Tardà, aquello “no era un escenario de tensión, más bien de una indignación de estar viviendo una situación absolutamente anómala” y, desde su punto de vista, “inmerecida”, ha asegurado

Sobre el referéndum ha recordado que la portavoz socialista en las Cortes, Margarita Robles, registró una interpelación que conllevaba una reprobación de la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, por la actuación policial, pero que se retiró después del discurso del Rey el día 3 de octubre. Tardà ha contrapuesto este hecho al que el Gobierno del PSOE publicite por el mundo que la represión del 1-O no es más que una noticia falsa. “Eso no cuadra”.

Artur Mas

Expresident de la Generalitat de Catalunya

El expresident de la Generalitat, Artur Mas , citado por las defensas de Jordi Sànchez y Cuixart y Vox, ha declarado para dar fe de su influencia en el llamado Estado Mayor del Procés, en el que figuraban otros muchos dirigentes independentistas. La acusación popular se centró especialmente en su interrogatorio en el papel de Carles Puigdemont en la convocatoria del referéndum del 1-O. Sin rechazar ese proyecto, Mas ha recordado que siempre reclamó la necesidad de “no perder la iniciativa”: “Dije que sobre todo no perdieran nunca el control de convocar elecciones a la Generalitat”, ha comentado.

A pesar de que salió la famosa frase de Puigdemont “referéndum o referéndum”, Mas ha recordado que “Puigdemont visitaba a Rajoy y le ofrecía pactar la fecha, la pregunta y las condiciones anteriores y posteriores al referéndum”. Además, ha asegurado que la vinculación de la Generalitat en la organización del 1-O fue “incuso inferior” que la que tuvo en la consulta del 9-N de 2014, cuando él estaba al frente del Govern.

Y en cuanto a la violencia, ha destacado que el Govern rehusó un “escenario” de movilizaciones permanentes en las calles tras el 1-O, por el “riesgo que eso podía comportar de violencia” después de la intervención policial para impedir el referéndum. Sí ha reconocido que se pretendió que el resultado del 1-O “fuera vinculante desde un punto de vista jurídico” pero “no se consiguió”.

Soraya Sáenza de Santamaría

Exvicepresidenta del Gobierno

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría era un testigo importante a la hora de sustentar la rebelión. Aseguró sin ambages que tanto el 20-S como el 1-O hubo violencia: “Lo vimos todos por televisión”, ha destacado sobre la actuación ante la Conselleria de Economia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el día del referéndum. Sobre el 20-S alegó que “se impidió a los detenidos que estuvieran en el registro y a la comitiva judicial salir” de la conselleria, por tanto, “lo considero”, ha dicho, y ha responsabilizado al Govern de la violencia del 1-O y alabó la “profesionalidad” de la policía, la calidad de la democracia española y del sistema judicial.

Ha rechazado tener “capacidad, experiencia ni competencia” para decidir cuántos agentes son necesarios para diseñar un operativo policial como el del referéndum. “En mi vida he dirigido un operativo policial”, ha dicho. Pero “vi las murallas humanas y las agresiones y lanzamientos de objetos que vimos todos por televisión. Vi que estaban impidiendo que se cumpliera con una decisión judicial”, describió, sobre algo que “no fue un referéndum” porque así lo dijo la junta electoral central, ha evidenciado.

Ha dejado algunas lagunas, como el origen de la cifra de los 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil desplazados a Catalunya, de la que “se hablaba con habitualidad”, explicó, y ha reconocido que fueron 93 los policías tuvieron que ser atendidos por heridas” el 1-O, dejando claro el abogado Van Den Eynde que “entonces son 307 policías heridos menos de los que usted manifestó”.

No ha respondido sobre cuándo perdió el Gobierno la confianza en los Mossos y sobre si los 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil iban a reforzar o a sustituir al cuerpo catalán. Se ha limitado a replicar que fueron “en cumplimiento de la decisión judicial”. Se la ha visto descolocada cuando se le ha recordado que el juzgado de instrucción ordenaba garantizar la seguridad de los ciudadanos por encima de la efectividad policial. Ha incurrido en contradicción cuando se le hizo saber que el barco Moby Dada pidió el atraque en Barcelona el 19 de septiembre, antes del 20-S, pese a que ha asegurado a Vox que se decidió enviar el contingente policial a Catalunya tras ver lo sucedido frente a la Conselleria de Economia.

Santamaría se ha resistido a contestar si conocía si la declaración de independencia fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, hasta que lo despachó con un “no lo sé”, pero ha remarcado que “la primera obligación de un gobierno es hacer cumplir las leyes y acatar la Constitución y los que no lo hicieron están sentados en el banquillo”, ha zanjado.

Mariano Rajoy

Expresidente del Gobierno

Con todo, uno de los testigos más esperados era el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy , que ha declarado a petición de Vox y de la defensa de Jordi Sànchez en un testimonio enfocado en la actuación de la Moncloa frente al impulso del referéndum, el dispositivo policial del mismo 1-O y la aplicación del 155.

Rajoy ha empezado admitiendo conversaciones, “siempre las ha habido”, aunque ha marcado que las líneas rojas de la Moncloa siempre fueron claras: “Nunca ha habido siquiera negociaciones para llegar a un acuerdo para un referéndum”. Con este marco, y tras contextualizar que los días 6 y 7 de septiembre “ya se liquidó la legalidad vigente”, el expresidente ha puesto ha situado uno de los aspectos claves de la causa, la violencia: “Lo que sucedía ese otoño en Catalunya no era una situación normal, me preocupaban los acosos a la policía y comitivas judiciales”.

En este sentido, y pese a calificar de “no edificante” la concentración frente a Economia del 20-S o “lamentar mucho las imágenes” del 1-O, ha puntualizado que no recuerda “actos concretos de violencia”. “La responsabilidad de evitar situaciones e imágenes como las que se produjeron el 1-O es de los agentes políticos, si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal no tendríamos que haber visto las lesiones que personas y agentes se produjeron, si se hubiera cumplido la ley hoy no estaríamos aquí”.

En cuanto al operativo policial del 1-O, Rajoy ha presentado la operación Copérnico como “un contingente que formó parte del elenco de decisiones del Gobierno para que se respetara la ley, como los recursos o la intervención de las cuentas de la Generalitat”. En todo caso, el expresidente se ha desmarcado de las decisiones operativas concretas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. “He sido ministro del Interior y jamás he ordenado un dispositivo policial”, ha ejemplarizado. Además, ha concretado que él se encargaba de la “dirección política” y ha asegurado que toda la información que recibió durante la jornada fue a través de los ministros, especialmente de Sáenz de Santamaría.

Finalmente, Rajoy también ha sostenido que durante el convulso otoño catalán escuchó a mucha gente, entre ellos al lehendakari Iñigo Urkullu, aunque ha alejado cualquier atisbo de mediación porque “las posturas estaban muy claras”.

Cristóbal Montoro

Exministro de Hacienda

A continuación, ha testificado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro , una declaración con el foco puesto en la acusación de malversación. En un sentido similar al que se ha expresado Rajoy, Montoro ha abierto la puerta a la existencia de partidas camufladas destinadas al referéndum que habrían esquivado el riguroso control del Ejecutivo central. “Fue un control absoluto de las cuentas de la Generalitat como no se había hecho antes en España”, ha enfatizado el exministro.

“Una cosa es el control contable y otra la investigación de posibles irregularidades”, ha matizado, sin embargo, Montoro. “No podemos excluir que hubiera partidas engañosas que se destinaran al referéndum, aunque eso se debe decidir en investigación judicial”, ha expuesto.

En este sentido, y tras apuntar que desconoce si la Generalitat encargó papeletas a Unipost, Montoro ha explicado que el Gobierno denunció a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas “ciertas actividades del Diplocat y alguna irregularidad que se podría haber destinado al 1-O”.

Marta Pascal

Senadora y excoordinadora del PDECat

La (breve) declaración de la excoordinadora del PDECat Marta Pascal ha ido en una línea similar a la del expresidente del partido –y de la Generalitat– Artur Mas, para desvelar los entresijos del denominado Estado Mayor del Procés y abordar la decisión de Puigdemont por la DUI.

Como ya ha explicado en pública en varias ocasiones, la senadora catalana se ha mostrado contraria a la vía unilateral: “En varias ocasiones he dicho que no soy partidaria de la vía unilateral, siempre he preferido el diálogo y el acuerdo”. De este modo, ha expuesto que en los días previos a la DUI trasladó a Puigdemont su rechazo a este extremo y su apuesta por convocar elecciones. Con todo, ha querido reivindicar que “la voluntad del presidente Puigdemont siempre fue dialogar para un referéndum acordado”.

Pascal también ha sido consultada sobre la movilización del 20-S ante Economia, donde ha admitido que estuvo un par de horas y vio “una manifestación pacífica como tantas otras”, y ha detallado que todo lo que sabe del documento Enfocats es a través de los medios de comunicación.

Núria de Gispert

Expresidenta del Parlament

La última declaración de esta larga jornada de cerca de 10 horas la ha protagonizado la expresidenta del Parlament Núria de Gispert después de la espantada de los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant, que se han negado a responder a Vox –lo que les ha costado una multa de 2.500 euros y una posible acusación de delito de desobediencia grave.

Desde su perspectiva de expresidenta de la Cámara catalana, el testimonio de De Gispert toma trascendencia en la acusación de su predecesora en el cargo Carme Forcadell –por la que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un presunto delito de rebelión. La presidenta del Parlament entre 2010 y 2015 ha defendido que ella “habría actuado igual” que la expresidenta de la ANC.

En este sentido, ha recitado el mismo argumentario que Forcadell en su declaración: “La Mesa no puede suspender o limitar el debate de los diputados”, ha manifestado, recalcando que el órgano rector de la Cámara no entra en el fondo de las proposiciones legislativas y no valora su constitucionalidad.