Cuixart recusa a los magistrados que juzgarán el 1-O en base a la jurisprudencia de Estrasburgo

La defensa de Jordi Cuixart, a cargo de Marina Roig, ha recusado a todos los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo de la causa del procés en base a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) con Arnaldo Otegi por su juicio en la Audiencia Nacional en el caso Bateragune y los mensajes de Ignacio Cosidó sobre el presidente de la sala que enjuicia la causa del 1-O, Manuel Marchena.

Los magistrados recusados son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Luciano Varela Castro, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García, además del propio Marchena, según han adelantado El Confidencial y El Español y ha confirmado La Vanguardia. Varios de ellos ya habían sido recusados en verano y en septiembre el Supremo rechazó las recusaciones.

En la sentencia de Estrasburgo, el TEDH consideraba que la parcialidad manifiesta de la magistrada Ángela Murillo podía afectar a los demás jueces de la causa. La juez de la Audiencia Nacional había afirmado durante otro juicio con el dirigente de EH Bildu “ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta”, al cuestionar al líder de la izquierda abertzale por su condena al terrorismo de ETA.

Ese ha sido el argumento de Roig en la recusación que ahora deberá resolver la sala especial 61, que tiene otras recusaciones a Marchena pendientes y hace unos meses ya rechazó la recusación de cinco magistrados de la causa, entre ellos el del presidente de la Sala II, Marchena, a quien el PP propuso para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en sustitución de Carlos Lesmes.

Marchena fue recusado por la defensa de varios líderes soberanistas la semana pasada después de que trascendieran los mensajes de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, en los que apuntaba que aunque no tuvieran mayoría en el Poder Judicial controlarían “desde detrás” la Sala II, de lo Penal, que se encarga del juicio del 1-O, previsto a partir de enero y de otras causas como la corrupción de los partidos.

Quien fuera jefe del Cuerpo Nacional de Policía también se jactaba de que controlarían la Sala especial 61, referente a recusaciones e ilegalización de partidos y presidida por los presidentes de sala, otros magistrados y el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, cargo que iba a ocupar Manuel Marchena -tras un acuerdo de PP y PSOE- y al que finalmente renunció tras la polémica desatada por Cosidó. El senador popular enmarcó esos mensajes en el ámbito personal. La Fiscalía, por su parte, presentó escrito este lunes para rechazar de plano la recusación de Marchena.

Este lunes, en base a otra sentencia de Estrasburgo sobre un diputado kurdo del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que lleva encarcelado más de dos años de forma preventiva y al que el TEDH ordenó liberar, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, a cargo de Jordi Pina, reiteró su petición de amparo al Tribunal Constitucional al considerar análoga la situación y que se suspendiera la prisión preventiva y se rehabilitaran sus derechos políticos, ahora suspendidos por Pablo Llarena.