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Turull, Rull y Sànchez reiteran su amparo al TC a raíz de una sentencia del TEDH de Estrasburgo

La cuestión catalana

La defensa, a cargo de Jordi Pina, plantea la suspensión de las cautelares por una sentencia del caso Demirtas vs. Turquía

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Turull y Rull a su llegada al Tribunal Supremo el pasado mes de marzo

Dani Duch

La defensa de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez ha reiterado su petición de amparo al Tribunal Constitucional a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Su letrado, Jordi Pina, ha pedido que se suspendan las medidas cautelares de inmediato después de la reciente sentencia emitida por el TEDH por el caso Demirtas vs. Turquía, por el encarcelamiento de un diputado kurdo en el país otomano.

Por ello, el letrado pide la inmediata puesta en libertad de sus representados y la total rehabilitación de sus derechos políticos, dada la evidente analogía con la sentencia del TEDH de la semana pasada y el silencio del TC, que había admitido los recursos presentados anteriormente a trámite pero sin haber resuelto el fondo todavía.

El alto tribunal estudia la constitucionalidad de la suspensión decretada por el magistrado instructor Pablo Llarena en la Sala II del Tribunal Supremo en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluida en el auto de conclusión de Instrucción del juez.

La sentencia de Estrasburgo declara vulnerado el artículo 3 del Protocolo 1 anexo al Convenio Europeo de Derechos Humanos por “considerarse incompatible con los derechos políticos reconocidos en dicho precepto la decisión de mantener privado de su libertad a un cargo parlamentario durante un prolongado período de tiempo y sin fundamentar por qué no se le somete a medidas cautelares menos gravosas”.

La defensa de los tres diputados de Junts per Catalunya cree análogas la situación de sus representados con el diputado kurdo del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas, encarcelado desde hace más de dos años. La resolución del TEDH apuntaba que mantenerle en prisión perseguía “un objetivo predominante no reconocido, el de asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego del debate político”.

Aunque Turquía no forma parte de la Unión Europea, las decisiones del TEDH son vinculantes para Ankara, ya que desde 1987 éste forma parte del sistema judicial de Turquía, miembro del Consejo de Europa.