El PP sigue intentando aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para mantener vivo el control al Gobierno respecto a su política hacia Catalunya, demostrando así lo que a juicio de los populares es debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y una política de distensión y de complacencia y concesiones hacia los independentistas. Aunque el PP ya llevó al pleno del Senado, que así lo aprobó, la solicitud al Gobierno de una nueva aplicación del artículo 155, ahora y dado que el Gobierno no ha seguido las indicaciones de la Cámara Alta, ahora lleva al pleno una petición al Ejecutivo para que vuelva a controlar las cuentas de la Generalitat, como ya hizo el PP meses antes de la aplicación del 155, incluso antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Se trata, según el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, de evitar que dinero público pueda ir tanto al Consejo de la República recientemente creado, como a las “pseudo embajadas” o delegaciones de la Generalitat en el Exterior que está abriendo el Govern, y que a juicio del PP pretenden continuar “las tareas de propaganda y manipulación y falseamiento” de la realidad y de lo que significa el procès. Asimismo se pretende “cortar las subvenciones” a medios de comunicación “independentistas” que a juicio del Grupo Popular no son más que “instrumentos para continuar con el procès”.
La moción presentada por el Grupo Popular en el Senado que se debatirá esta semana considera que el instrumento más eficaz para frenar el ‘procés’ “y el golpe de Estado que continua en Catalunya” es el control financiero de las cuentas
La moción presentada por el Grupo Popular en el Senado, que se debatirá esta semana, considera que el instrumento más eficaz para frenar el procés “y el golpe de estado que continua en Catalunya”, según Cosidó, es el control financiero de las cuentas de la Generalitat, tal como hizo en noviembre de 2015 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos condicionó las partidas que, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, recibía Catalunya, para que “esa inyección de dinero no se gastara en veleidades independentistas” y se impedía así, dice la moción “que el Gobierno de la Generalitat gastara recursos en crear estructuras de Estado, como preveía la resolución independentista aprobada en el Parlamento de Catalunya”, que preveía la elaboración de las leyes necesarias para construir una Hacienda que gestionara todos los impuestos generados en Catalunya y una agencia para la Seguridad Social.
El control previsto por esa decisión de la. Comisión Delegada, que después se incorporó al artículo 155, se extendía a los recursos ordinarios que percibía mensualmente del sistema de financiación, e incluso se fijaban las directrices para el gasto. Así, los recursos del FLA se podían destinar únicamente a sanidad, educación y servicios sociales, mientras que los del sistema de financiación sólo podían dedicarse, además de a servicios públicos, a atender intereses y vencimientos de la deuda, remuneraciones, transferencias a entidades locales e inversiones financiadas con fondos europeos.
Cosidó, prerguntará a Pedro Sánchez por lo que considera “presiones al Tribunal Supremo” ante el juicio del 1-O
Ese control se amplió en septiembre de 2017, cuando el Consejo de Ministros adoptó nuevas medidas para fortalecer el control de los pagos de la Generalitat, que el Gobierno de Sánchez levantó tras su llegada a la presidencia del Gobierno, pese a que, según el PP, “la realidad es que el colectivo independentista en Catalunya continua con su estrategia tanto de las instituciones de gobierno catalanas como desde los colectivos que les apoyan”. Lo que la moción del PP solicita es es que s envuelva a establecer el control financiero de la Generalitat de Catalunya, con las mismas medidas que se aprobaron por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en septiembre de 2017.
No será la única iniciativa del PP en el Senado sobre Catalunya y el procés, porque su portavoz, Ignacio Cosidó, prerguntará a Pedro Sánchez por lo que considera “presiones al Tribunal Supremo” ante el juicio del 1-O, y en concreto le interrogará sobre si “se compromete el presidente del Gobierno a no solicitar el indulto para los procesados por graves delitos contra la unidad de España en caso de ser condenados”, es decir, a los políticos presos por el procès.