El nombre de Carlos Lesmes (Madrid, 1958) ha sido repetido intensamente en los últimos días desde que comenzó el escándalo judicial de las hipotecas. Es el todopoderoso presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, un magistrado que ha querido controlar al máximo el órgano de los jueces. Su pésima gestión tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de los actos jurídicos documentados de las hipotecas ha provocado el mayor descrédito del Tribunal Supremo, no ya de los últimos tiempos, sino de su historia.
Y esto ha ocurrido un mes antes de que abandone la presidencia del Alto Tribunal para volver a su puesto como magistrado de la Sala de lo Contencioso después de cinco años de mandato. Magistrados del Supremo le culpan a él directamente de la mala gestión al llamar al presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, para que convocara de manera urgente un pleno para revisar la sentencia. Quince días después, la mayoría de la Sala de lo Contencioso ha votado esta semana a favor de volver a la doctrina anterior y que sean los clientes los que sigan pagando tal impuesto, salvando a la banca de tener que devolverles miles de millones de euros.
Pero, ¿quién es Carlos Lesmes? Es ante todo, y según lo califican compañeros del tribunal, un magistrado político. Desde hace años ha estado vinculado de una u otra manera a gobiernos del PP y fue precisamente Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia quien le colocó en la presidencia del TS.
Lo primero que hizo cuando llegó al CGPJ fue tomar el control de las decisiones y neutralizar a los vocales
Fiscal de carrera, hasta que fue elegido presidente del Supremo ocupaba un puesto como magistrado de lo Contencioso-Administrativo en el Alto Tribunal y fue director general de Justicia en los gobiernos de José María Aznar. Llegó al Supremo tras presidir la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Sus defensores sostienen que precisamente su cargo como director general le hizo idóneo para su nombramiento, dado que tenía conocimiento de gestión procesal con el ejercicio jurisdiccional. Estos le califican de “dialogante” y “sensato”.
Madrileño de 60 años, de familia extremeña y más vinculada a la medicina que al derecho, Carlos Lesmes superó las carreras de juez y de fiscal aunque empezó ejerciendo en el ministerio público y llegó a ser fiscal ante el Constitucional entre 1992 y 1993. Pasó a la Audiencia Nacional como magistrado de lo Contencioso en 1988 y es magistrado en el Supremo desde el 2010.
Lo primero que hizo cuando llegó al CGPJ fue colocar los andamios para tener buena parte del control de las decisiones que se adoptaran en el órgano de gobierno de los jueces. Donde más se ha notado su mano ha sido en ciertos nombramientos de personas de su confianza en el TS, como es el propio Díez-Picazo o quien fue secretario de Estado de Justicia con Ruiz-Gallardón, Fernando Román, elegido recientemente magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La reforma del CGPJ aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy e inaugurada por Lesmes da un gran poder al presidente del órgano y deja a la mayoría de los vocales prácticamente sin capacidad de decisión. Es más, Lesmes formó parte de la comisión de expertos que elaboró el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y es, por tanto, uno de los artífices del diseño de la estructura judicial en España.
Ya en la presidencia, Lesmes tomó otra decisión. Se erigió en portavoz del Consejo, algo insólito en los últimos consejos. Se nombró portavoz para no ejercer de facto como tal. Esa figura, que previamente habían desempeñado Gabriela Bravo o Enrique López, ha desaparecido en estos últimos cinco años.
Fiscal de carrera, desde hace años ha estado vinculado de un modo u otro a gobiernos del PP
Lesmes fue designado por Ruiz-Gallardón, pero cuando éste dimitió tras su intento fallido de reformar la ley del aborto, su vínculo con el Ministerio empeoró. La razón, su mala relación con el ministro Rafael Catalá, que llegó a su clímax con la sentencia de la Manada. Tras conocerse la sentencia por el abuso de unos jóvenes sevillanos a una chica en los sanfermines, Catalá hizo unas duras declaraciones respecto del magistrado que había emitido un voto particular defendiendo que no había pruebas de que la joven hubiera sufrido abuso. El entonces ministro dijo que este magistrado “tenía un problema singular”. El órgano presidido por Lesmes salió en defensa del juez y negó la existencia de expediente disciplinario alguno. Esos días hubo una cascada de reproches entre ambos departamentos que evidenció la mala relación entre Catalá y Lesmes.
A pesar de la defensa al magistrado del voto particular de la Manada, Lesmes ha tenido varios encontronazos con sus compañeros de la carrera judicial y sobre todo de las asociaciones. Empezó con mal pie cuando en una entrevista en El Mundo afirmó que a los jueces se les controla con “el palo y la zanahoria”. Varias juntas de magistrados se reunieron para exigir una rectificación o su dimisión.
Además, en sus inicios en la presidencia del Supremo provocó grandes tensiones por su mano dura. Fue muy criticada su decisión de abrir un expediente disciplinario para identificar a las personas que habían filtrado dos noticias a los medios de comunicación. Varios compañeros vieron cómo por primera vez se abría una “caza de brujas”, como algunos lo definieron entonces, para identificar a aquellos que tienen trato con periodistas.
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