El Govern prevé denunciar a Lesmes ante la Fiscalía por la sentencia de las hipotecas
La crisis catalana
Artadi defiende que el Ministerio Público debe investigar a los “responsables” del fallo judicial
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, atiende a los medios.
El Govern prevé denunciar ante la Fiscalía al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y al de la Sala tercera contenciosa administrativa, Luis Díez-Picazo, por la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.
Lo ha anunciado este viernes la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, en declaraciones a los medios en el Parlament, y ha sostenido que la Fiscalía debe investigar a los “responsables” de la sentencia.
El Ejecutivo asegura que hay una “posible existencia de hechos delictivos”
Artadi ha afirmado que hay una “posible existencia de hechos delictivos”, ya que considera que el cambio de criterio del Supremo sobre este tema supone una violación de las propias leyes de funcionamiento del tribunal.
La rectificación del Supremo tuvo lugar, ha remarcado Artadi, en una “inusual convocatoria de la sala del tribunal” para volver a debatir la doctrina respecto a este asunto. A su juicio, ha habido una “vulneración de los derechos de toda la ciudadanía”, con unos “procedimientos” judiciales que considera dudosos y unos “posibles intereses particulares” que han podido influir en la decisión.
La consellera ha señalado que “los dos principales responsables” de esta rectificación del Supremo en relación con las hipotecas son Lesmes y Díez-Picazo, si bien ha dejado en manos de la Fiscalía la concreción de los delitos que pueden haber cometido.
“La injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho”
Aunque el Govern había sopesado llevar el caso “directamente al Tribunal Supremo”, tras valorarlo con sus servicios jurídicos, ha estimado que esta vía no tendría recorrido, por lo que lo elevará a la Fiscalía.
El caso de las hipotecas se suma, ha dicho Artadi, a otros episodios que demuestran a su juicio que “la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho”. Se ha referido, así, a la petición de “más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia”, en alusión a los dirigentes independentistas procesados por el 1-O, así como a la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Otegi.
Además, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de “dar por culpables”, esta semana en el Senado, a los independentistas encausados por el 1-O pese a que aún “no han ido a juicio”, y la ha instado a retractarse, porque sus palabras suponen una “clara violación de las directivas europeas”.
Cacerolada de la PAH en Barcelona por el fallo del Supremo sobre hipotecas
La pretensión del Gobierno se anuncia el mismo día en que decenas de personas han acudido a la cacerolada organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Barcelona para protestar por la decisión del Supremo. Ésta ha sido una de las 54 concentraciones que la PAH ha organizado en diferentes puntos de España por la misma cuestión y, en ella se han podido ver numerosas camisetas verdes de la PAH y otras naranjas, del Sindicat de Llogaters -Sindicato de Inquilinos-.
En declaraciones a la prensa, la portavoz de la PAH en Barcelona, Lucía Delgado, ha considerado que el fallo del Supremo es “una demostración más de que la banca sigue presente en las instituciones”, y ha denunciado que “hay quince marionetas obedeciendo a la banca dentro del Tribunal Supremo”.
Sobre la aprobación del real decreto ley, Delgado ha afirmado que esta no es más que “una medida de maquillaje para la banca”. “A buenas horas mangas verdes”, ha afirmado en alusión a la acción del Ejecutivo.
Unidos Podemos se manifiesta este sábado frente al Supremo
La acción de la PAH se lleva a cabo justo un día antes de la manifestación que ha convocado Unidos Podemos para este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid. Según manifiesta Podemos en un comunicado, esta es “una decisión sin precedentes” que coloca a la Justicia española “del lado de la banca y contra los intereses de los ciudadanos y de la democracia”.