Consulta los bienes de todos los altos cargos de los Gobiernos de Sánchez y Rajoy

El Boletín Oficial del Estado (BOE), ha publicado hacia las 7:30 horas de este sábado la declaración de bienes de todos los altos cargos de los Gobiernos de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Se trata de una publicación de más de 1.000 altos cargos que el anterior Ejecutivo popular mantenía sin hacer públicos desde el año 2014 y que ve la luz después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes el real decreto con el reglamento que permitiría dicha publicación.

Se trata de 1.500 registros referidos a 1.062 altos cargos, de los cuales 38 son o han sido ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados, aparte de subsecretarios, directores generales, presidentes de empresas públicas, miembros de organismos reguladores y Casa Real, entre otros.

Consulta la declaración de bienes de altos cargos de la Administración del Estado desde 2014

En total, se han publicado los bienes de todos los altos cargos que hayan tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, incluidos los presidentes del Gobierno.

Entre los datos figuran algunas conclusiones relevantes, como que Pedro Sánchez declara bienes por valor de 343.000 euros y Rajoy se fue con un patrimonio de 1,6 millones. Que el ministro de Exteriores, José Borrell, es el ministro más rico del Gobierno con más de 2,77 millones de euros, junto a Isabel Celaá y Pedro Duque. Pero también destaca el hecho de que en el anterior Ejecutivo popular, el responsable gubernamental que más patrimonio declara es la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, con un patrimonio de 3.729.803 euros y una deuda de 228.240 euros.

Además, un total de 245 altos cargos tienen un patrimonio superior al millón de euros y el exsecretario de Estado de Defensa hasta 2016, Pedro Argüelles Salaverría, es el alto cargo que más patrimonio muestra la declaración de bienes, con un total 49.738.119 euros en activos y 20.000.000 en pasivos.

El Gobierno justificó que con esta normativa el Ejecutivo “avanza por la línea de la transparencia, que es la única fórmula aceptable para avanzar en democracia” y lo hace en mayor grado que los anteriores Ejecutivos, de hecho “como ningún otro en la historia”. Se trata de “un plan completo de transparencia para las instituciones”, un decreto que era “sencillo” de hacer, según la portavoz Isabel Celaá, pero que el anterior Gobierno no aprobó y utilizó como “coartada” para no publicar los bienes de sus altos cargos.

Se han publicado los bienes de todos los altos cargos que hayan tomado posesión o cesado desde el 1 de julio de 2014 hasta el 26 de junio de 2018, incluidos los presidentes del Gobierno

También reprochó que “hay quien dice” que como este Gobierno llegó “moralizando” esto ha de tener sus consecuencias, por lo que ha recordado que los socialistas gobiernan “tras una sentencia judicial de corrupción” que afectaba al partido que sustentaba el anterior Ejecutivo y a la “credibilidad” de su presidente.

El reglamento aprobado, que desarrolla la Ley del Alto Cargo de 2015, establece el procedimiento de la formulación e inscripción registral de las declaraciones de actividades y patrimoniales y la regulación del derecho de acceso a los registros administrativos, por lo que ofrece mayor seguridad jurídica a los altos cargos.

Además, determina que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dirigida por Flor López Laguna, se encargará de velar y requerir a los altos cargos para que cumplan con las obligaciones previstas en la Ley y advertir de las consecuencias de su incumplimiento.

El anterior gobierno del PP mantenía sin publicar la información desde 2014

La OCI tendrá, por su parte, la responsabilidad firme sobre custodia y seguridad de los datos y documentos que son registrados como actividades, bienes o derechos patrimoniales declarados por los altos cargos.

Los órganos responsables de recursos humanos, la Dirección General de Costes, las secretarías generales técnicas y los secretarios de órganos colegiados serán los encargados de la recopilación, remisión, actualización, subsanación y publicación de la información relativa a los candidatos designados o cesados.