El fiscal pide dos años y medio de cárcel para los CDR que se encadenaron en el TSJC
Catalunya
El ministerio público acusa a 11 personas de un delito de desórdenes públicos por los hechos acontecidos en febrero de 2017
Un concentración organizada por un CDR en Plaça Catalunya
El fiscal pide dos años y medio de cárcel para 11 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el 23 de febrero de 2017 bloquearon los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), algunos encadenándose, para exigir la libertad de los políticos en prisión.
En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de desórdenes públicos para 11 de los detenidos por esta protesta, así como un año de prisión para otros dos, por desobediencia y resistencia a la autoridad por supuestamente enfrentarse a los Mossos d’Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del TSJC, en el paso de Lluís Companys de Barcelona.
Un centenar de activistas se concentraron a las puertas del TSJC
Coincidiendo con el 37 aniversario del intento de golpe de Estado, un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero de 2017 a las puertas del TSJC e impidieron la entrada al edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Arran, Alerta Solidaria y SEPC, para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.
Algunos de los concentrados se encadenaron a la puerta del edificio del TSJC, mientras otros se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada, de forma que la puerta estuvo bloqueada durante cerca de una hora, hasta que fueron desalojados por los Mossos d’Esquadra, que arrestó a catorce de ellos.
De los 14 detenidos, uno quedó en libertad al ser menor y los otros 13 son los que ahora irán a juicio, en el que la Fiscalía pide para 11 de ellos dos años y medio de prisión por desórdenes públicos y para otros dos un año de cárcel por resistencia grave a la autoridad.