Dudas y división sobre la suspensión de los diputados procesados por Llarena
La cuestión catalana
Juristas muestran discrepancias sobre cómo debe procederse con la suspensión de los políticos presos y el Parlament se divide en torno a esta cuestión
Romeva, Turull, Junqueras, y Puigdemont y el resto de diputados aplauden tras ganar la votación por la independencia en el Parlament de Catalunya
Cuando Rafael Catalá, entonces ministro de Justicia, apuntó en febrero que los políticos catalanes encarcelados podían ser inhabilitados en primavera, un letrado del Parlament ya apuntaba que habría un choque normativo con el reglamento del Parlament. En ese sentido, fuentes parlamentarias apuntaban este miércoles después de conocer el procesamiento firme por parte de Llarena en el Tribunal Supremo que la cámara catalana podría hacer valer su reglamento propio, aunque no habrá ningún pronunciamiento oficial si no hay notificación o un requerimiento del alto tribunal.
El portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, reclamó que el Parlament era “soberano” y que el pleno decidiera sobre la suspensión de esos diputados, aunque no quiso entrar en concreciones sobre una posible votación mientras que Ciutadans presentó dos escritos para que se hiciera efectiva esa suspensión provisional de forma inmediata y que se retiraran los derechos económicos y de voto de los diputados procesados ante la secretaría general de la cámara y ante la Oïdoria de Comptes i Tresoreria. También VOX ha hecho esa petición. Desde el PPC han abogado por que no haya un desafío al Supremo, igual que desde el partido naranja, y Junts per Catalunya ha evitado desvelar cuál es su estrategia al respecto.
Se espera que Llarena redacte el auto de suspensión para el ejercicio de cargos públicos de los procesados por rebelión y que se notifique a la autoridad de la cámara catalana la semana que viene.
ERC apostó por dejar en manos del pleno la suspensión mientras que Ciutadans ya ha pedido que se haga efectiva
La defensa de los políticos catalanes considera que hay motivos para que no se aplique esa suspensión provisional en base a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 y al reglamento de la Cámara. “El automatismo del que habla el precepto ha de ser interpretado, igualmente, en función de los derechos que se van a afectar, incluidos los de aquellos que votaron a los hoy procesados... pero harán lo que quieran”, vaticinaba en un tuit Gonzalo Boye este jueves.
Jaume Alonso-Cuevillas, por su parte, afirmó en el canal 3/24 que la suspensión es para casos de terrorismo y que en los demás casos queda en manos del Parlament y apuntó que el terrorismo implica el uso de “armas o explosivos”, cuando en el auto se habla de “rebelión sin armas”. “Se puede dar un caso Atutxa bis si hay requerimiento”, apuntó Alonso-Cuevillas, en referencia a cuando el Parlamento vasco desoyó un requerimiento del Supremo para disolver el grupo parlamentario de Batasuna.
Mar Aguilera, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, apunta que con la suspensión se limita también a las personas a las que representan los diputados procesados y asegura que el Supremo tiene que requerir al Parlament para que haga efectiva esa suspensión, pero que es la Cámara catalana quien tiene qué decidir.
Además, apunta que esa suspensión está pensada para el terrorismo y considera que el reglamento del Parlament tiene un régimen especial al formar parte del bloque constitucional junto con el Estatut d’Autonomia. “La competencia de la suspensión es del Parlament. La norma no se interpreta de forma aislada sino conjunta”, resume. También desdeña que se haga una interpretación expansiva de lo punitivo, acotando esa expansión en las interpretaciones a los derechos y no a las normas como fundamento del derecho penal.
La competencia de la suspensión es del Parlament. La norma no se interpreta de forma aislada sino conjunta”
“El reglamento del Parlament tiene un rango de norma muy especial porque representa la soberanía del pueblo y no puede someterse a una ley ordinaria u orgánica”, señala. De este modo, rechaza que haya un automatismo para suspender a los diputados procesados. Asimismo, señala que la suspensión de los derechos fundamentales, regulada en el artículo 55 de la Constitución está pensada para casos de excepcionalidad, como el artículo 116, no para un debate político sobre la unidad de España.
El exletrado del Parlament Francesc Pau, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra, apunta no obstante que el Parlament no es “soberano” sino que “representa la soberanía de los ciudadanos” y se inclinaría por acatar la suspensión provisional de los diputados procesados en caso de que haya una orden del Supremo para no incurrir en desobediencia. “El reglamento del Parlament regula el funcionamiento interno de la cámara”, añade sobre el conflicto normativo.
El exletrado del Parlament Francesc Pau aboga por acatar el requerimiento del Supremo que pida la suspensión
El Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, por su parte, afirma que ahora procede aplicar la suspensión de los diputados una vez hay auto firme con procesamiento por rebelión, aunque señala que Carles Puigdemont y Toni Comín no se ven afectados por esa suspensión provisional. Una de las condiciones para que se aplique esa suspensión es que haya situación de prisión y tanto el expresident como el exconseller de Salut están en el extranjero en libertad, aunque sobre el primero pesen cautelares mientras se resuelve la euroorden emitida por Llarena a finales de marzo, cuando dictó el auto de procesamiento.
En ese caso los afectados por la suspensión serían los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
Pérez Royo apunta que Puigdemont y Comín no deberían ser suspendidos al no estar encarcelados y ve en las acciones del Supremo “un cálculo político”
Recalca que lo que ha sucedido en los últimos meses se trata de un “cálculo político” del Supremo para debilitar al independentismo para que pierda la mayoría en el Parlament o renuncie y haya una “rendición”. “Se hace política con apariencia de administración de justicia”, lamenta, y deja todos los escenarios abiertos: “Ahora ya no sabemos qué pasará”.
Si bien desdeña la acusación de rebelión, apunta que es el Ministerio Público quien puede cambiar la acusación en el juicio oral y resalta que estamos en esta situación por la actuación del Fiscal General del Estado una vez se aplicó el 155, el ya difunto José Manuel Maza y recuerda que el artículo 384 bis se hizo ad hoc para la lucha antiterrorista. “El lenguaje de los textos jurídicos no describe lo que pasó en Catalunya porque el 384 bis está pensado para bandas armadas y elementos terroristas”, remarca e insiste en que aunque ha habido muchos despropósitos, sí aplica el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocido como artículo Yoldi.
“Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”, apunta el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La suspensión de los diputados no implica que tengan que renunciar a su acta, por lo que los grupos independentistas se quedarán en minoría si no fuerzan la renuncia de los diputados suspendidos.