Llarena abre una nueva pieza para investigar la malversación de fondos por el 1-O
La cuestión catalana
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declara la pieza secreta durante un mes y pide documentación a la Guardia Civil
Llarena en una imagen de archivo
El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, ha abierto una nueva pieza para investigar la malversación de fondos públicos por el 1-O. El juez instructor ha pedido a la Guardia Civil documentación y más información después de que se haya presentado ya un informe relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia.
En la misma resolución, que tiene fecha de este martes, el magistrado forma una nueva pieza separada que declara secreta por periodo de un mes, por lo que se podrán practicar diligencias sin que sea público su contenido o las personas implicadas. En el auto, hecho público por el TS, Llarena solicita al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial en Catalunya que le remita nuevas pruebas sobre la malversación de fondos públicos.
La Guardia Civil aseguró en diciembre que el Govern se había gastado medio millón de euros en publicidad del referéndum
La semana pasada, La Benemérita detuvo al secretari de Difusió i Atencíó Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, que fue cesado un día después por el Gobierno mediante el 155, tras el registro de su despacho en el Palau de la Generalitat y su domicilio. Por la tarde quedó en libertad imputado por un delito de desobediencia y por malversación. Además, hubo también un registro en la sede de Òmnium Cultural, buscando un vínculo entre los fondos públicos y el 1-O. La Guardia Civil ya estimó en diciembre que los anuncios del 1-O costaron medio millón de euros de las arcas públicas.
Las diligencias de la semana pasada se practicaron a instancias del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el procés en Catalunya y la organización del referéndum a raíz de unas declaraciones del exjuez Santiago Vidal.
La investigación de la Guardia Civil señalaba ya en diciembre que el Govern se gastó cerca de medio millón de euros en publicidad del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, en medios de comunicación. Concretamente 277.804 euros para el anuncio ‘Vas néixer amb la capacitat de decidir. Hi renunciaràs?’, que animaba al voto y se sufragó a cargo del presupuesto de un contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); y otros 224.835 euros destinados a la campaña ‘Sí o no’, dirigida a promover la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero en un registro para participar en la consulta del 1-O.