Otra desaparición
La cuestión catalana
La CUP coordina la estrategia jurídica y política de Mireia Boya y Anna Gabriel
Anna Gabriel anuncia en un diario suizo que no irá a declarar ante el Tribunal Supremo
La declaración de Artur Mas y Neus Lloveras en el Tribunal Supremo, en directo
Tienen abogados diferentes, pero están preparando su estrategia política y jurídica coordinadamente con la organización. La miembro del secretariado nacional de la CUP Mireia Boya optó el miércoles por declarar ante el juez Pablo Llarena, mientras que en el caso de la exdiputada anticapitalista Anna Gabriel todo apunta a que permanecerá en Suiza. O así lo aseguran también fuentes cuperas. El abogado de esta última, Benet Salellas, ya avanzó que las defensas de las dos están diseñadas desde hace días “dentro del paraguas de la estrategia de la CUP” y que, por lo tanto, es una decisión conjunta de la formación.
La CUP aclarará hoy en rueda de prensa en Barcelona si Gabriel se presentará mañana ante el Supremo . La formación, sin embargo, no ha garantizado la presencia de la exdiputada. Que Gabriel haya desaparecido hace unos días para volver a aparecer en Ginebra tiene como finalidad, según la organización, de internacionalizar el conflicto que se vive en Catalunya. No en vano, la ciudad alberga una de las sedes de la ONU, y de aquí “la dimensión internacional”. Una función similar a la que Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers pretenden ejercer desde Bruselas , que desaparecieron justo después de la DUI del 27 de octubre.
Fuentes cuperas dan por hecho que Gabriel se quedará en Suiza para “internacionalizar” el proceso soberanista
Las dos exdiputadas cuperas estaban citadas en el Supremo para el 14 de febrero. Gabriel, sin embargo, consiguió aplazar su comparecencia hasta el día 21, una vez ya hubieran declarado a Mireia Boya, Marta Rovira (ERC), Marta Pascal (PDECat), el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la ya expresidenta de la AMI Neus Lloveras. Una prórroga para ir a declarar que algunos en la CUP interpretan como un movimiento para evitar que Gabriel pudiera perjudicar a los demás con su decisión final.
La intención de internacionalizar el proceso y la “represión” del Estado ya la aprobó la militancia de la CUP en la asamblea general del 12 de noviembre. En la ponencia política se deja claro que “es importante dedicar esfuerzos y recursos en la divulgación y denuncia de la vulneración de derechos democráticos básicos por parte del Estado español”, y en el artículo 9 la organización se conjura por “trabajar para internacionalizar la vulneración de derechos humanos que está sufriendo la población catalana”.
El caso es que hay fuentes que aseguran que si Gabriel opta por quedarse en Suiza cumpliría con el reiterado llamamiento a la desobediencia. Endavant, organización que apoya a la CUP y a la que pertenece Gabriel, lo hizo este fin de semana. “En la línea de la resolución del 9 de noviembre”, apuntan en relación con el compromiso firmado en el 2015 por JxSí y la CUP de no supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español ni a los tribunales. No obstante, la desobediencia a la justicia española ha sido desigual en las filas de la CUP. Boya ha comparecido. La alcadesa de Berga, Montse Venturós, acabó declarando tras ser detenida porque no había acudido anteriormente a la cita judicial. Un caso similar fue el de Joan Coma, concejal en Vic. En cambio, a finales del 2017 dos concejales cuperos de Reus llevaron su caso hasta las últimas consecuencias: fueron apresados y se negaron a declarar.
Gabriel contará en Ginebra con los servicios de Olivier Peter, un abogado especializado en la defensa ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, donde llevó las denuncias por maltratos y torturas de los miembros de ETA Martín Sarasola e Iñigo Portu. España fue condenada recientemente por estos hechos a indemnizarlos con 50.000 euros. También estuvo detrás de la defensa de una veintena de presos de la organización terrorista que supuso la derogación en el 2013 de la doctrina Parot.