Controversia sobre la aplicación del discutido artículo 384 bis

No es el número de una larga avenida. El 384 bis es un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que ha empezado a gravitar en torno a la causa que instruye el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión en relación con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI). La importancia del precepto deriva de que su aplicación podría suponer la suspensión de todos aquellos investigados que en el momento de ser procesados tengan función o cargo público, si se ha dictado contra ellos auto de prisión.

A raíz de que el magistrado Llarena aludiera en dos de sus resoluciones a esta norma, la polémica saltó con facilidad tanto al ámbito jurídico como al político. La razón estriba en que probablemente no está muy lejano el momento en que la investigación en curso sobre el 1-O y la DUI dé paso a dicha nueva fase, la que se iniciaría cuando se dicten autos de procesamiento.

El foco, en el hecho que sea de automática aplicación

Es obvio que en una causa como esta, en la que no es previsible un sobreseimiento y archivo, ese momento llegará. Y será más pronto que tarde. Pero lo que ya está siendo mucho más discutido y discutible es que el citado artículo resulte de automática aplicación.

Desde el Gobierno, el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha considerado más que probable. Catalá no sacó a colación el 384 bis porque sí. Se basó en dos autos del propio Llarena, fechados los días 12 y 29 de enero, en los que el magistrado aludió a dicho precepto. En todo caso, las réplicas fueron inmediatas, procedentes tanto del ámbito político como del jurídico, con especial intensidad, claro está, en el caso de las aportadas por parte de la defensa de los investigados.

Naturalmente, el grado de ebullición de la polémica no deriva de un hipotético interés creciente de la sociedad por las discusiones doctrinales entre expertos en las ciencias jurídicas. Esa preocupación por la aplicabilidad o no del artículo 384 bis de la Lecrim tiene que ver con la posibilidad o no de que algunos de los investigados en el caso 1-O –los más prominentes por su papel de liderazgo– resulten alcanzados por dicha previsión legal y se vean suspendidos como diputados del Parlament. Tal sería el caso de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, y tal vez también el de Carles Puigdemont y Antoni Comín, aunque sigan en Bruselas y no estén, como los dos primeros, en situación de prisión incondicional.

La discusión se centra en las distintas interpretaciones que se hacen del precepto en cuestión

Como en tantas ocasiones sucede con las normas penales y procesales, la discusión se centra en las distintas interpretaciones que se hacen del precepto en cuestión. El 384 bis establece que “firme (que sea) un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. Son pocas líneas para una previsión sólo aparentemente clara, porque nadie que ponga pie en esta norma puede asegurar que pisa terreno firme.

El letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que a esta condición une la de catedrático de derecho procesal, estima que el 384 bis en ningún caso debería ser aplicable a los investigados en la causa sobre el 1-O. Por diversas razones, la primera de las cuales se encontraría en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), con particular claridad en la sentencia 199/87, relativa a los recursos que presentaron el Parlament de Catalunya y el del País Vasco contra la legislación antiterrorista. Subraya Alonso-Cuevillas que dicha resolución de TC circunscribió el concepto de “rebelde” al ámbito del terrorismo. Ciertamente, en el folio 31 de esta sentencia se lee la afirmación de que “por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”.

Alonso-Cuevillas considera que el artículo 384 bis es un precepto con “desafortunada redacción”, que hace previsible un intenso debate en el caso 1-O –en el Supremo y probablemente luego en otras instancias judiciales– si se plantea su aplicación. El requisito de que el afectado por dicha norma deba estar en situación de prisión provisional, por ejemplo, puede dar mucho juego para la controversia.

En el caso de Puigdemont, ¿cómo habría que entender dicha previsión, si no ha pisado la cárcel? La defensa planteará, en su caso, este problema, si llega a acordarse la suspensión de Puigdemont como diputado, o como cabeza de lista de una nueva candidatura, si hay nuevas elecciones. Desde la representación legal del expresident cabría entender que cuando el magistrado Llarena retiró la euroorden de detención dictada contra Puigdemont pudo quedar en el aire, sin vigencia, la medida de prisión provisional acordada inicialmente por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue la que primero intervino en el caso 1-O.

No faltarán, en suma, aspectos muy controvertidos en la posible aplicación del 384 bis. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta causa penal llegará antes o después ante la justicia europea. Este factor no es intrascendente, porque ha determinado que el Constitucional haya ido con pies de plomo a la hora de decidir sobre el recurso del Gobierno contra la presentación de Puigdemont como candidato a la investidura. El TC adoptó medidas cautelares, pero la impugnación sigue sobre la mesa, a la espera de las alegaciones de las partes.