El TC permite la investidura de Puigdemont pero la condiciona a que regrese a España

El Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre suspender la candidatura de Carles Puigdemont para la investidura como presidente de la Generalitat pero impone como medida cautelar impedir el pleno si el expresident y aspirante a volver a serlo no se presentara a la cámara o tratara de ser investido por vía telemática o con el voto delegado.

Según fuentes del tribunal, los magistrados han acordado suspender cautelarmente la sesión parlamentaria, pero sólo en el supuesto de que el debate de investidura con Puigdemont como candidato no sea presencial. De entrada, el TC evita admitir o no a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Y se da un plazo de diez días para que el Gobierno, el Parlament y todo el JxCat (que se personaron en la causa) aleguen lo que consideren conveniente sobre su admisibilidad.

Los magistrados, por unanimidad, consideran “imprescindible” que Puigdemont acuda personalmente a la cámara y que para ello obtenga previamente la autorización del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena

Los magistrados han encontrado así una solución para arreglar la petición del Ejecutivo, dado que ésta no era viable, al ir en contra del criterio del propio tribunal: suspender una candidatura de un candidato elegido en las urnas. Sin embargo, al igual que decía el Consejo de Estado, el hecho de que la Mesa del Parlament aprobara que la investidura fuera no presencial –cosa que todavía no ha ocurrido– sí que está dentro de los parámetros inconstitucionales.

Según la resolución del tribunal, los magistrados, por unanimidad, consideran “imprescindible” que Puigdemont acuda personalmente a la cámara y que para ello obtenga previamente la autorización del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al tener sobre él una orden de detención. “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial e busca y captura e ingreso en prisión”, recoge la resolución del tribunal.

Además, aclara el órgano que los “miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”, por lo que cierra a Puigdemont cualquier posibilidad de ser investido.

Advertencia a la Mesa

Tras un debate de casi seis horas, los magistrados han conseguido dar respuesta al Gobierno: el tribunal declara radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución”. Además, advierte a los miembros de la Mesa del Parlament de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión.

El pleno ha finalizado poco después de las 21:00 horas de este sábado, con lo que la deliberación se ha prolongado durante unas seis horas. Durante el debate, los magistrados han tratado de buscar fórmulas intermedias para resolver la admisión a trámite del recurso planteado por el Ejecutivo.

El texto advierte a los miembros de la Mesa del Parlament de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión

De esta manera, los magistrados habrían seguido el criterio que ya marcó del Consejo de Estado: ”A la vista de esta jurisprudencia, la impugnación de la propuesta del presidente del Parlament de Catalunya que se limita a proponer al diputado Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, o de una futura convocatoria de la sesión de investidura de dicho candidato, entraría dentro de lo que el Tribunal Constitucional considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara”.

Pero, al mismo tiempo, el organismo remarcaba que “si en la convocatoria de la investidura, o en cualquier otro acto, el Parlament autorizase de forma expresa la intervención del candidato ausente a través de medios telemáticos o por medio de persona interpuesta, procedería su impugnación al amparo del título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.

En su recurso, la Abogacía del Estado ya alegaba la imposibilidad de una investidura “telemática” o “por sustitución”, un criterio que se comparte con los servicios jurídicos del Parlament. Al respecto, el artículo 146 del reglamento de la cámara establece que “el candidato presenta sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del pleno” o que “l candidato puede hacer uso de la palabra tantas veces como lo solicite”. También especifica que “el orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño”.