* La autora forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia.
En Uruguay se sigue respirando un aire enrarecido, aunque por estos días aparezcan indicios de un leve descenso en las cifras relacionadas a muertes y contagios por la Covid.
El país sigue rojo, salvo tres departamentos -provincias en España- que acaban de bajar al naranja, la zona inmediata anterior, en el índice de Harvard, según datos oficiales.
Los guarismos escandalosos de estos últimos meses -que lo mantuvieron demasiado tiempo en el primer lugar del mundo en contagios y muertes- junto al deseo de que todo acabe, conducen a algunos esperanzados a creer que se está en buen camino.
Sin embargo, no son pocos los que miran la situación con recelo, escepticismo y cierto espanto.
No todos viven en el mismo país. Enfrentar riesgo de muerte, enfermedad y pobreza en primera línea es bien distinto a celebrar ganancias, vacacionar en Miami y mantenerse a buen recaudo en el confort (aunque ni así se esté totalmente a salvo, pese a que lo parezca).
Las piezas del elaborado relato gubernamental no encastran bien. A pesar del esmero de sus compositores, con esa partitura suenan notas disonantes.
Cese de los asesores científicos
Destacó por opaco, en estos días, el deslucido cese del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el mismo que el año pasado noticieros y titulares luminosos lo alababan junto al presidente de la república, para deleite del mandatario que quería posicionarse como adalid de la ciencia.
Los 55 referentes científicos que asesoraban al gobierno uruguayo sobre la situación epidemiológica y sanitaria del país desde abril del año pasado cumplieron con seriedad y dedicación su labor.
Después de un sinfín de reuniones, muchísimos informes y abundantes recomendaciones, el gobierno soslayó sistemáticamente las medidas recomendadas por el GACH que implicaban destinar recursos económicos serios, para solventar restricciones de movilidad, que hubieran impedido muchas muertes evitables.
Un año y dos meses después de su inicio, durante el apogeo de la enfermedad, el 16 de junio de 2021, cuando más se necesitaba, el GACH no pudo evitar, paradójicamente, poner fin a su trabajo.
Ese día, la tasa de positividad -es decir, el porcentaje de contagios nuevos en relación a los test realizados- fue de 14,44, cuando para alcanzar el control epidemiológico debería rondar el 3.
La tasa de positividad del país casi quintuplicaba la cifra de contagios que permitiría el seguimiento epidemiológico"
Incluso el indicador P7, del Global Health Institute de Harvard, mantenía a Uruguay en zona roja por los 82,5 nuevos contagios -por cien mil habitantes en promedio semanal- que exhibía.
El único modo de descender de franja se alcanza cuando la cifra de contagios no sobrepasa los 25. Se superaba en más de tres veces la cantidad de pacientes necesarios para ingresar al nivel inferior, al naranja.
El divorcio entre científicos y gobierno empezó a fraguarse, por lo menos, cinco meses antes, cuando el GACH recibía, en enero de 2021, la renuncia de uno de sus integrantes, el director de neonatología del Hospital Pereira Rossell, Daniel Borbonet.
El catedrático entendía que la existencia del grupo no era necesaria al no solicitarle el gobierno más recomendaciones. Dejaba clara su discrepancia con las decisiones políticas adoptadas.
Las semanas anteriores a su renuncia fueron, para el grupo, de un evidente ninguneo, que no sería el único. No se los convocaba para no escucharlos.
El presidente tomaba las decisiones de manera inconsulta e ignoraba sus advertencias, porque perjudicarían la economía.
El Ejecutivo ignoró la advertencia del GACH sobre el ingreso de la temida variante P1 que circulaba en Brasil"
Ésta ingresó sin resistencia ni el cordón sanitario propuesto por los científicos y rápidamente alcanzó a "casi el 100% de los casos del país", según el doctor en Ciencias Biológicas Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Institut Pasteur de Montevideo.
No había dos lecturas. Conscientemente se dejó abierta la puerta a la anunciada letalidad que podía evitarse, que incluía a las embarazadas, más vulnerables a esa mutación. El gobierno, sin embargo, no encontró falta de ética en su decisión.
Clima enrarecido
El ex presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el cirujano Julio Trostchansky, propuso denunciar al gobierno ante organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para responsabilizarlo de la gestión de la pandemia, en particular, de las muertes evitables.
Apenas conocida su iniciativa, sufrió amenazas por parte de un senador del partido de gobierno. A las pocas horas, se sumaron amenazas por redes sociales a su hijo, para evitar que el doctor concurriera a un debate televisivo previsto con el senador.
A través de una carta abierta al ministro de Salud Pública y una movilización frente a Presidencia de la República, el movimiento Uruguayos por la Vida reclamó por la limitación de la movilidad.
No faltaron diferentes técnicas para desacreditar opiniones no alineadas al gobierno.
El llamado del coordinador general del GACH, Rafael Radi, a "blindar el mes de abril", restringiendo la movilidad para evitar el desastre, se usó descaradamente por el gobierno como eslogan publicitario carente de contenido.
Ni abril ni mayo fueron "blindados". Contagios y muertes batieron récords planetarios"
Radi, en reciente entrevista a la revista Nature, manifiesta que "aunque las infecciones estaban aumentando, había una sensación generalizada de que las cosas estaban bajo control o estaban mejorando".
Sensación que siempre se alienta desde el gobierno a través de los medios, para no perjudicar la economía de mercado, y ocultar las consecuencias sanitarias y sociales de la no intervención estatal.
La constante campaña publicitaria gubernamental tiene por objeto que la tremenda situación sanitaria no fuera percibida como responsabilidad directa del presidente.
Incluso en el momento en que más cuestionada fue su actitud por actores científicos, sociales y políticos, el presidente se atrevió, sin rubor, a afirmar la falacia de que el GACH lo "apoyaba".
Estas actitudes llevaron al doctor Trostchansky a preguntarse por qué el prestigioso GACH se mantenía junto al gobierno a pesar de la constante ridiculización a que lo exponía frente a los medios de comunicación.
El divorcio con los científicos
No se sabe cuál fue la gota que desbordó el vaso y condujo a la comunidad científica a alejarse y quitarle oficialmente el respaldo a un gobierno sordo de toda sordera, salvo a los sonidos del capital.
Sí se sabe que, al cesar el GACH, desde el gobierno se intentó desprestigiarlo acusando a 55 científicos y académicos de pertenecer al partido de oposición y contagiarse de ese "virus" en la Universidad de la República.
Algunos gobernantes ven el destino de la salud pública como si de un partido de la Copa América se tratara. El presidente prefirió justificar el retiro porque "estaban cansados" de tanto trabajo.
También se sabe que la noche que el doctor Radi anunció en tres palabras -sin casi hablar con la prensa, porque esa tarea inusualmente fue asignada con exclusividad a un vocero presidencial- que su trabajo había concluido, recibió amenazas al llegar a su casa.
Lo acusaron de traidor y necesitó custodia policial. Amenazar a un científico es un episodio insólito en Uruguay"
Aunque las cifras escandalosas se estén reduciendo, las muertes y padecimientos evitables no dejarán de ser inmorales.
Ojalá la nueva variante Delta que nos rodea no nos conduzca a otro agujero negro. Aun así, las responsabilidades hasta ahora deben asumirse para no seguir viviendo en climas enrarecidos que sabemos a dónde conducen.
Perfil de la autora
Silvia Alvariza
Uruguaya, madre, feminista. Dra. en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. De profesión, abogada. Estudió en la Facultad de Psicología, fue Jueza de Paz de Montevideo, ha trabajado en programas dedicados a sensibilizar sobre violencia patriarcal y realiza una actividad periodística sobre violencia de género.