El poder judicial del Estado lleva más de cuatro años caducado, junto con otros jueces del Tribunal Constitucional (garante de las leyes) con sus cargos también caducados. Contamos con una clase política incapaz de ponerse de acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces y cumplir la ley (que dicen respetar). Con un poder legislativo (el del pueblo) que en el ejercicio legítimo de sus deberes intenta, guste o no, hacer el trabajo para el que fue elegido (mayoría se llama). Después, elaboradas y aprobadas esas leyes, sería cuando un poder judicial totalmente legitimado pudiera enmendar o rechazar, entonces y solo entonces, aquello que se ha sometido a su juicio.
Recomendaría encarecidamente la lectura de Montesquieu a dichos jueces, con la toga y forro.
Olga Santisteban Otegi
Zalla