La derecha de este país tiene una querencia por las hipérboles que les resta credibilidad. Se pasan el día, y los años, anunciando que se va a romper España, como si el Estado fuera de cristal, cuando a menudo son sus argumentos los que resultan más frágiles que el vidrio. Este mismo lunes, el expresidente José María Aznar declaró en Abc que la última cesión a Junts en materia de inmigración es mucho más grave que lo que él califica de “golpe de Estado del 27-O” del 2017.
Ciertamente, comparar una delegación de competencias con una declaración de independencia resulta una exageración escasamente creíble. Otra cosa es que los asuntos de fronteras pertenecen por esencia a los estados –la UE no deja margen en estas cuestiones–, aunque después de un largo contencioso entre el land de Baviera y el Gobierno federal, el Tribunal Constitucional alemán estableció una custodia compartida, sin que en ningún caso el Ejecutivo bávaro sea el responsable último de los controles fronterizos y de la gestión de las expulsiones.
No tiene sentido tener en las fronteras a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos
Para contentar a Junts, el Gobierno español se remitió a este pacto, que contempla una delegación de competencias, desautorizando que la Generalitat pueda establecer un modelo propio. Sin embargo, oyendo a los portavoces de unos y otros al día siguiente del acuerdo, parecía que habían pactado resoluciones diferentes, incluso opuestas. Es una táctica habitual, pero errónea, pues solo sirve para encender la polémica política. Y para que saquen pecho los negociadores de Carles Puigdemont.
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Estamos convirtiendo la política en un teatrillo de mediocres representaciones. Escuchando ayer a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, entrevistada por Gemma Nierga, el espectador sufría viendo cómo intentaba explicar que no cambia gran cosa, que el sello de las expulsiones lo tendrá la Policía Nacional, que el CIE no se cerrará y que los Mossos colaborarán en la frontera. ¿Pero tiene sentido que tres policías (Guardia Civil, Policía Nacional y los Mossos) la controlen a la vez? La ministra respondió que la Generalitat como administración más próxima podrá ser más eficaz al ejecutar la normativa española. Una razón de Estado, sin duda, que no convenció a nadie.