Algo grave pasa para que un cargo como el de fiscal general del Estado, que debería ser poco más que una sinecura apacible, se acabe convirtiendo en la clase de empleo que un profesional con algo de autoestima nunca aceptaría de buen grado. Una auténtica picadora de carne togada.
Aunque, la verdad, hacía tiempo que pintaba mal. Desde el nombramiento de Eligio Hernández anulado por el Tribunal Supremo (Felipe González), pasando por Jesús Cardenal (Aznar) y su extraña negativa a la extradición de Pinochet, con una parada en Cándido Conde-Pumpido (Zapatero) y su declarada propensión a manchar el vuelo de la toga con el polvo de los caminos, en la airada y misteriosa dimisión del cinéfilo Eduardo Torres-Dulce (Rajoy), para al fin llegar a la tríada de Sánchez –un auténtico refundador de la Fiscalía–, con la efímera María José Segarra, la incombustible Dolores Delgado y el inflamable García Ortiz. Omito otros apasionantes perfiles en aras de la brevedad. Está claro que la vida de un fiscal general no es un camino de rosas.
Fue el sistema el que llevó al fiscal a un callejón de dudosa salida, aunque con su colaboración entusiasta
Alguien podría decir que todo esto es debido al sistema de designación política del cargo, pero sería una cómoda simplificación, una categoría sumamente vaga. Fiscales nombrados por el gobierno hicieron gala de encomiable discreción. Hombres y mujeres de modestia franciscana que se dedicaron a lo suyo sin dar que hablar y lucieron manguitos y medallas con notable apostura y sin complicar la vida a sus subordinados, que son la gran mayoría de fiscales que trabajan como galeotes y lo último que necesitan es ver cuestionada su reputación.
Tampoco es por una perversidad específicamente española, por mucho que en los países de segunda, como es el caso, la política se suela hacer a lo grande, con declaraciones rimbombantes y mucho posado, y la gestión efectiva, a lo pequeño. No son pocos los lugares en los que el fiscal general es nombrado por el ejecutivo sin que eso ocasione problemas. Será porque tienen mayor tradición de respeto por las instituciones, o porque los juristas de reconocido prestigio de allí no están dispuestos a comprometerlo ni por extravagantes “razones de Estado”, que es como los poderosos llaman a los delitos comunes, ni por servilismo. Recuerden aquello que decía el académico marxista Eduard Fuchs de que el servil “...es cobarde por principio, tonto por obediencia y canalla por venganza”. En cualquier caso, hoy, la imputación de García Ortiz y su camino con paso dinámico y decidido hacia el banquillo de los acusados haría obligada una reflexión sobre un sistema en el que se gobierna como si no hubiera un mañana. La lástima es que nadie la hará, instalados como estamos en la burricie.
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Fue el sistema el que llevó al fiscal general a un callejón de dudosa salida, aunque con su colaboración entusiasta. Echémosle imaginación y demos por buena su propia versión. Un buen día, García Ortiz, solo o en compañía de otros, llegó a la conclusión de que divulgar información reservada de un ciudadano en su directo perjuicio era un servicio público. Se preguntarán quizá por qué era un servicio público esa delación por mucho que el contribuyente fuera el novio de la señora Ayuso. ¿En qué mejoró la situación de los ciudadanos españoles tras ella? Eso hay que preguntárselo al fiscal. ¿Cómo quedó la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía? Eso se lo digo yo: aún más por los suelos de donde solía.
Porque tanto da que un tal MAR hiciera lo que hiciera, o que la información fuera o no “secreta” en el sentido técnico: lo era en el elemental sentido moral de no hacer daño a nadie de forma injustificada y abusando de una posición de poder. A partir de ahí ya conocen la historia. El dirigente del PSOE de Madrid, Lobato, correteando por las notarías y defenestrado; los móviles del fiscal, borrados; otra fiscal, hablando de “poner cianuro” en perjuicio de un particular ajeno a la política, y la Fiscalía, pareciendo un vodevil de cuarta categoría.
Existe la posibilidad de que García Ortiz salga absuelto de este embrollo, pues cosas más raras se han visto. Pero de lo que nadie podrá absolverle es de la perversión ética de haber implicado a la Fiscalía en los sucios albañales de la política.
Cosas que pasan en España. En concreto, en el hermoso palacete del número 4 de la calle Fortuny en Madrid, un luminoso edificio devuelto al pueblo por la democracia y convertido por unos y otros en la casa de los líos. Una pena.