El Consejo General del Poder Judicial dio ayer su consentimiento para que la instrucción de las causas penales pase a ser responsabilidad de los fiscales y no de los jueces como se ha hecho siempre. La autorización del CGPJ es el paso indispensable para que el Gobierno apruebe ahora este cambio mediante la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Hace 15 años que se puso en marcha este proceso bajo el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero, a pesar del consenso generalizado en el sector, las diferencias en el seno del Consejo habían hecho imposible su aprobación hasta el pleno de ayer. La nueva composición del órgano, después del acuerdo entre PSOE y PP, ha facilitado el consenso, y la reforma fue aprobada por unanimidad.
El cambio es toda una revolución. Supone adaptar la legislación española a la europea, donde los fiscales se encargan de la instrucción de los casos y los jueces limitan su función a tutelar las garantías del procedimiento, sin que ello signifique que pierdan su poder decisorio. Para hacerse una idea de la importancia de esta medida, nada mejor que recurrir a casos concretos. El juez Joaquín Aguirre no hubiera podido instruir la causa de la denominada operación Voloh, por la que recibió el pasado martes un severo correctivo de la Audiencia de Barcelona.
La nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló
O el magistrado Juan Carlos Peinado no podría dirigir la investigación judicial de Begoña Gómez. Estos casos serían dirigidos por los fiscales y el papel de los jueces sería garantizar su actuación y tendrían la última palabra en cuanto al curso de la investigación. Un cambio realmente significativo.
El dictamen del Consejo advierte, eso sí, que antes de que esta reforma entre en vigor sería conveniente cambiar también el estatuto del ministerio fiscal para garantizar más su independencia del poder político. Hoy por hoy, por ejemplo, es el Gobierno quien designa al fiscal general del Estado. También se impedirá que los partidos políticos o los sindicatos puedan actuar como acusación popular.
Estos cambios son agua de mayo en un momento en que la credibilidad del sistema judicial está en duda, y está muy bien que sean los propios jueces quienes lo lideren. Ojalá el proceso legislativo que falta se haga de forma rápida.
