Santander acogió ayer la XXVII Conferencia de Presidentes Autonómicos de España. En esta edición, a diferencia de otras anteriores, no hubo ausencias sonadas. En el temario del encuentro destacaba la financiación autonómica, cuestión que suele agudizar las diferencias entre comunidades, y más después de que socialistas y ERC alcanzaran el pasado mes de julio pactos para perfilar una financiación catalana singular, lo que puso en pie de guerra al PP y a los presidentes autonómicos que militan en sus filas.
Pedro Sánchez quiso templar ánimos anunciando la convocatoria en enero de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades del régimen común. Es decir, la quita de una parte –no concretada– de la deuda al Estado (208.638 millones de euros). Y expresó su deseo de blindar la solidaridad entre territorios y dar más recursos a todos.
No se esperaba que los presidentes autonómicos del PP aceptaran de buen grado las propuestas del presidente socialista del Gobierno. Y no lo hicieron. Todos indicaron que no podían admitir la idea de una financiación específica para Catalunya y solo accedieron a considerar la posible condonación de la deuda en el marco de una reforma del sistema de financiación de las comunidades que se aplicara con el mismo rasero en todas ellas. Fiel a su afán de confrontación con el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue más allá y se negó a aceptar quitas salvo en el caso de la Comunidad Valenciana, baqueteada por las riadas.
Sánchez ofreció una quita de deuda autonómica que el PP supeditó a la reforma del sistema de financiación
La pugna territorial siguió, pues, marcando la Conferencia de ayer, por más que Salvador Illa, presidente de la Generalitat, defendiera el modelo de financiación singular para Catalunya y su encaje en un marco de colaboración entre autonomías, materia sobre la que dijo no aceptar lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal, en clara alusión a las políticas de la presidenta madrileña.
En la reunión de Santander se abordaron también temas candentes como la vivienda, la inmigración o la sanidad, pero las propuestas de Sánchez, orientadas hacia la obtención de acuerdos nacionales, no lograron la aprobación de los presidentes populares, algunos de los cuales, al acabar la reunión, subrayaron su decepción por la falta de pactos concretos.
Creada en el 2004 por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político para la cooperación multilateral entre el Estado y las diecisiete comunidades autónomas, también con las ciudades de Ceuta y Melilla, que gozan de su propio estatuto de autonomía. Organismos semejantes operan en otros países europeos, como Alemania –donde buscó inspiración Zapatero–, Austria o Suiza. Aunque trabajan de otro modo, con otros procedimientos más horizontales, y sobre todo en un clima político menos cainita que el nuestro.
Los planes socialistas no sedujeron a los populares, que se quejaron luego de la falta de acuerdos
El potencial de la Conferencia de Presidentes es ciertamente elevado, puesto que es el órgano indicado para mejorar el funcionamiento del Estado de las autonomías. Pero, según hemos señalado en otras ocasiones, mientras en un país como Alemania preside su actividad un afán de colaboración y de lealtad entre instituciones, en España su actividad choca con una fe en la organización autonómica que no todos los partidos profesan en la misma medida, y con una polarización extrema que acaba enlodando la escena política y, a ojos de algunos, ha convertido la necesaria transacción y los pactos políticos entre rivales en un inasumible signo de debilidad. Entre quienes así opinan, un mejor funcionamiento del Estado de las autonomías no parece ser prioritario. Al contrario, a menudo se cultivan y fomentan las diferencias de intereses entre comunidades con el mero propósito de abundar en el hostigamiento de los rivales políticos.
He aquí un grave error político. Mientras el ordenamiento constitucional sea el que es, lo sensato es tratar de sacar el máximo rendimiento posible a los organismos e instrumentos políticos disponibles, creados en su día con una finalidad explícita. Por una parte, logrando un funcionamiento más participativo de la Conferencia; por otra, olvidándose de reducirla a otro escenario para el continuo rifirrafe político. Este último camino no lleva muy lejos. Adentrarse en él equivale a sumar decepciones y a extender la sensación de que se anteponen los intereses propios y el desgaste del contrario a la mejora de las condiciones de vida colectivas.