Pesca bajo mínimos
El acuerdo sobre las cuotas de pesca del 2025 para la flota de arrastre europea del Mediterráneo, que en su mayoría es española, satisface al Gobierno, pero no a los pescadores. Las negociaciones en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca europeo han sido muy largas y difíciles. La normativa pactada finalmente relativiza la estricta restricción a veintisiete días de trabajo al año que se pretendía imponer desde Bruselas para salvar las especies más castigadas por la sobrepesca, pero amenazaba con la práctica desaparición de la mayoría de la flota de arrastre del litoral español, compuesta por unas quinientas embarcaciones. Sin embargo, se trata de un acuerdo de mínimos que no resuelve los problemas del sector.
El acuerdo es tan de mínimos que, en realidad, no elimina legalmente la limitación a veintisiete días de trabajo al año para cada embarcación. Lo que hace es permitir que esos días se amplíen en el 2025 hasta los 130 vigentes en el 2024 a medida que se cumplan progresivamente una serie de doce exigencias de sostenibilidad. La implementación de dichas exigencias medioambientales exigirá un esfuerzo adicional, tanto económico como laboral.
Los 130 días de trabajo de este año supusieron ya un recorte de la actividad de un 40% con respecto al 2023 y han debilitado mucho económicamente el sector pesquero de arrastre, que no se encuentra, por tanto, en condiciones de afrontar nuevas inversiones para cumplir con las citadas exigencias.
El acuerdo logrado en Bruselas para regular las capturas en el 2025 no satisface al sector
Para poder seguir faenando 130 días el año próximo, por ejemplo, será necesaria la sustitución de las redes por mallas de mayor tamaño, para no pescar los ejemplares más pequeños y así facilitar la recuperación de las especies. También se exigen puertas voladoras , la imposición de vedas o el cierre temporal de algunas zonas para proteger las especies que más preocupan a la Comisión Europea, como son los alevines de merluza y la gamba roja. Y si bien algunas de las transformaciones que se exigen desde Bruselas ya se aplican en España, se necesitará invertir tiempo y dinero para implementarlas. No se puede hacer de un día para otro. El gasto que deberán afrontar los pescadores, en cualquier caso, es una nueva vuelta de tuerca que, según medios del sector, provocará que muchos no puedan sobrevivir y que los que lo logren lo hagan a un coste muy alto. Hay que tener en cuenta que las transformaciones exigidas en la pesca reducirán las capturas y, con ello, los ingresos sin poder aumentar los días de trabajo. Esto, a la larga, lleva a la ruina.
Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el acuerdo que se ha logrado es bueno porque permite “neutralizar” el radical recorte de días en el mar para los arrastreros, recuperar jornadas de trabajo e incluso mantener las mismas que este 2024. Pero este análisis resulta extremadamente triunfalista. Se comprende que lo haga, porque se ha evitado el mal mayor, pero el mismo ministro reconoce que se necesitará ayudar al sector pesquero para que pueda cumplir con las nuevas normas exigidas y mantener la actividad. Lo mismo ha declarado el conseller del ramo de la Generalitat, Òscar Ordeig, que ha convocado ya una reunión con el sector para analizar cómo se puede cumplir en Catalunya lo acordado en Bruselas y las ayudas que se necesitan.
Hay que conservar los peces en el Mediterráneo, pero también hay que mantener la actividad pesquera y los pescadores. España no puede quedarse sin pesca de arrastre, porque ello supone una importante pérdida de su soberanía alimentaria. Gran parte del pescado que se consume procede ya de las grandes flotas y de países terceros que no cumplen con las drásticas limitaciones que se imponen a la pesca de arrastre del litoral español, lo que resulta inadmisible.
El Gobierno ofrece ayudas para que los pescadores puedan cumplir con las nuevas exigencias
La gobernanza europea en materia pesquera exige una profunda revisión. No es de recibo que la regulación pesquera se establezca de forma unilateral por la Comisión Europea asesorada por comités científicos y ecologistas sin tener en cuenta a los pescadores, que son quienes conocen su trabajo y tienen el mismo interés en conservar y regenerar la población de peces, ya que de ellos depende su actividad.
Ahora, una vez acabada la negociación con Bruselas para la regulación de las capturas en el Mediterráneo en el 2025, lo pertinente es activar todas las herramientas legales, normativas y financieras necesarias para proteger a los pescadores y garantizar la viabilidad del sector. Pero, al mismo tiempo, hay que plantear desde ahora mismo, y de cara al 2026, una nueva estrategia de España y del sector pesquero ante la Comisión Europea.