El anuncio de la compañía de automóviles Stellantis y el fabricante chino CATL para construir en Zaragoza la tercera gran fábrica de baterías es evidentemente una buena noticia. La dimisión, hace una semana, de Carlos Tavares como consejero delegado de Stellantis –bajo este nombre se encuentran firmas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo o Jeep– había disparado la alarma sobre la inversión. Pero el presidente de la multinacional, John Elkann, nieto de Gianni Agnelli, la ha confirmado y ayer se trasladó a la localidad zaragozana de Figueruelas para sellar el acuerdo junto al consejero delegado de CATL, Robin Zeng Yuqun. También se superaron las dudas que había sobre la inversión china, una vez se conoció la implantación de aranceles de la UE a los vehículos de este país asiático.
Tanto este proyecto como el reciente entre el grupo Chery y la empresa española EV Motors para tener la primera fábrica de coches chinos en Europa en la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona consolidan la automoción como uno de los puntales de la industria española. El problema es que las grandes inversiones que se están haciendo en este sector para la electrificación de los vehículos no están siendo acompañadas por las ayudas prometidas. El presidente ejecutivo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, dimitió en junio de su cargo de presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) en protesta por lo que consideró incumplimientos del Gobierno. Empresas como la suya han hecho una gran inversión para apostar por el coche eléctrico, en detrimento de los vehículos de combustión, pero después se han encontrado con dificultades para colocarlos en el mercado por la falta de puntos de carga y el elevado precio de la flota. Ante esta situación, muchas marcas han preferido frenar su estrategia de fiarlo todo al coche eléctrico y han decidido mantener los de combustión, a pesar de que ello les vaya a suponer multas de Bruselas.
La fábrica de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza
Estas grandes inversiones privadas confirman el atractivo del mercado español. Ahora se trata de que el Gobierno cumpla con su parte y que facilite las ayudas –plan Moves– para que en España se pueda adquirir un coche eléctrico al mismo precio que uno de combustión.
