Catalunya es la comunidad autónoma española menos competitiva fiscalmente. Dicho en otras palabras: es donde los ciudadanos sufren una mayor presión fiscal. Eso, de entrada, no es bueno porque sitúa a las empresas y a los particulares –y por tanto a la autonomía en su conjunto– en desventaja frente al resto del Estado. Eso exige, por tanto, un debate en profundidad sobre la política fiscal catalana.
Los datos de la Agencia Tributaria, como se recoge hoy en el suplemento Dinero, señalan que Catalunya es la autonomía donde más se ingresa a través de los impuestos cedidos (patrimonio, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones), con 4.650 millones en el 2022, frente a los 2.631 millones de Madrid. En el IRPF también se producen notables diferencias, ya que los contribuyentes catalanes situados en los tramos medios y bajos son los que más factura fiscal tienen que asumir. Madrileños y canarios, en cambio, se encuentran en el lado opuesto. Catalunya, además, es la autonomía con más tributos propios y donde más se recauda (922 millones) por este concepto. Entre ellos figuran canon del agua, juego, grandes establecimientos comerciales, turístico, viviendas vacías, bebidas azucaradas envasadas, gravamen de protección civil, instalaciones que inciden en el medio ambiente y emisión de gases de los vehículos a motor, de la industria y de la aviación.
Los datos de la Agencia Tributaria, además, coinciden con el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) elaborado por la Tax Foundation, que sitúa a Catalunya en la última posición del ranking.
Catalunya es la comunidad autónoma española que sufre una mayor presión impositiva
Como reiteradamente denuncia Foment del Treball, la carga impositiva que sufren las empresas y los ciudadanos de Catalunya resulta excesiva. Por eso la patronal catalana reivindica la necesidad imperiosa de Catalunya sea competitiva fiscalmente con el resto de las comunidades autónomas, así como con el resto de Europa, para poder atraer más inversiones, más talento y, en suma, mayor progreso. Catalunya no puede seguir siendo uno de los lugares con mayor carga fiscal porque eso la penaliza gravemente y lastra su crecimiento económico.
La autonomía fiscal debe permitir que los gobiernos autonómicos decidan si necesitan más recursos para sufragar sus gastos o si prefieren que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes. Eso son opciones que dependen de la decisión de los votantes de cada autonomía. Otra cosa es que la comunidad madrileña se aproveche del efecto capitalidad para ejercer una competencia fiscal desleal con el resto de las autonomías.
Catalunya debería mejorar su sistema tributario haciéndolo más competitivo y atractivo para empresarios y residentes. Un sistema fiscal competitivo, en este sentido, influye para que las empresas, tanto españolas como extranjeras, al igual que los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, elijan su localización. Es clave, asimismo, para la captación de talento. Las comunidades autónomas con un mejor sistema fiscal son, en suma, las que más probabilidades tienen de atraer la implantación de actividad económica nueva, además de mantener la existente.
En cualquier caso, y en línea con las preocupaciones de la patronal catalana, se hace necesario un debate en profundidad sobre la política fiscal en Catalunya. Pero ello está indisolublemente ligado al sistema de financiación autonómica, que penaliza gravemente a Catalunya, y asimismo, a la reforma –también pendiente– del sistema fiscal global.
El debate sobre la política fiscal catalana depende de la reforma del sistema de financiación
El Gobierno de Pedro Sánchez, al principio de su primera legislatura, prometió una reforma fiscal en profundidad y, para ello, encargó un informe a una comisión de expertos. Pero tanto esta reforma global como la del sistema de financiación autonómica están bloqueadas por el desacuerdo político entre el PSOE y el PP. Mientras, sin embargo, se van añadiendo nuevos tributos y medidas parciales, a través de decretos leyes, que complican más la situación fiscal.
Es evidente que se necesita, tanto a nivel autonómico como estatal, una urgente puesta a punto del sistema fiscal para hacerlo más coherente, equitativo y competitivo. Este es uno de los grandes debates fundamentales que hay que afrontar con seriedad, rigor y sin dogmatismos, con el objetivo de lograr el máximo progreso y bienestar para todos. La falta de suficiente competitividad fiscal en Catalunya, en este sentido, es un lastre que, a medio plazo, puede pasar factura en forma de menor crecimiento económico y desempleo.