A la Comunidad de Madrid le cabe el dudoso honor de ser la autonomía que menos dinero de sus presupuestos dedica por habitante a las políticas sociales esenciales, entre las que destacan la sanidad, la educación y servicios sociales: 2.464 euros por habitante y año en el pasado 2023. Hasta cierto punto, esto era previsible puesto que, tal y como nos recuerda a menudo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, en la comunidad capitalina la presión fiscal es menor que en otras. Y, obviamente, a menos recaudación, menos dotación presupuestaria y menos servicios públicos para la ciudadanía.
Resulta quizás algo más sorprendente que Catalunya figure como segunda en la lista de comunidades que menos dinero de su presupuesto invierten por habitante en políticas sociales. Concretamente, 2.942 euros por habitante el año pasado. La diferencia con Madrid es grande, de 478 euros a favor de cada catalán respecto a los madrileños. Pero, aun así, Catalunya se sitúa por debajo de la media española, que está en los 3.124 euros; es decir, 182 euros por encima del gasto catalán por persona en el capítulo social.
La diferencia adquiere proporciones muy superiores si lo comparamos con el gasto de las comunidades que más miman dicho capítulo, encabezadas por Navarra (4.161 euros) y el País Vasco (4.079 euros). Cierto es que ambas autonomías disfrutan de un régimen tributario particular. Pero no lo es menos que las siguen a escasa distancia otras adscritas al régimen general, como Extremadura (3.960) o Asturias (3.681).
Tan solo Madrid invierte menos presupuesto que Catalunya en servicios que son esenciales
Todos los datos hasta aquí expuestos han sido extraídos del informe L a inversión social por comunidades, que ha elaborado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En él se refleja, más allá de las diferencias entre comunidades, fruto de sus distintas prioridades, una tendencia a la baja generalizada. Dicha tendencia empezó en el 2010, a consecuencia de los efectos de la crisis económica del 2008, que propició recortes de gasto público en todas las autonomías. Se calcula que, en conjunto, el porcentaje dedicado a políticas sociales ha caído en los presupuestos de las comunidades nueve puntos entre el 2010 y el 2023, pasando del 67% al 58%. Todo ello, a pesar de la situación excepcional que se produjo a partir del 2020, cuando la pandemia de la covid obligó a las administraciones a un gasto extraordinario en materia sanitaria.
No es necesario recordar que las políticas sociales son las que tienen una repercusión más tangible en la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en la vida inmediata como a medio y largo plazo. Por consiguiente, resulta sorprendente, y más aún en comunidades como la catalana, que con razón se vanagloriaron tiempo atrás de poseer unos servicios sociales punteros, por ejemplo en sanidad, este retroceso generalizado. Algo que ya es lamentable por sí mismo, y que se reviste de mayor gravedad si lo analizamos en términos relativos, comparándolo con otras comunidades, donde las urgencias parecen ser otras, pese a que probablemente son las mismas. La diferencia principal está en la atención que se les presta.
Los profesionales de la sanidad o de la educación pública no se cansan de reivindicar más y mejores medios para llevar adelante su trabajo, que es crucial y tiene repercusión inmediata sobre el día a día colectivo. A veces los obtienen, a veces no. Hace ya tantos años de la crisis del 2008 que podría parecer que sus efectos se han desvanecido. Pero no es así. Lo demuestran, por ejemplo, los pobres resultados catalanes en educación, que sitúan también a nuestra comunidad por debajo de la media estatal. Algo que explican, al menos parcialmente, los datos divulgados en el informe que nos ocupa.
La herida de los recortes motivados por la crisis del 2008 todavía no se ha cerrado del todo
Quizás sea ya hora de revertir por completo los recortes que se aplicaron debido a aquella crisis, e incluso de tratar de llevar los presupuestos más allá. Con mayor motivo si queremos dar pleno sentido a las reivindicaciones fiscales derivadas del pacto entre PSC y ERC, todavía en fase de concreción. Pero que deberían, a la postre, traducirse en más recursos para nuestra comunidad, y también para las restantes, si progresan los anuncios gubernamentales conforme habrá mejoras para todas. Si eso acaba sucediendo, no estará de más que quienes elaboran los presupuestos autonómicos tengan mayor consideración hacia las políticas sociales y las doten con la mayor holgura posible.