En una economía de libre mercado como la española las empresas actúan de acuerdo con sus intereses y objetivos, siempre que lo hagan respetando el marco legal vigente. En este contexto de libertad de empresa, el BBVA decidió el pasado mes de mayo lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (opa) hostil sobre Banc Sabadell con el objetivo de fusionarlos posteriormente en una sola entidad en el caso de conseguir la mayoría del capital del opado. La operación se produjo tras el fracaso de unos contactos muy iniciales con vistas a una posible fusión, iniciados a instancias del presidente del BBVA, Carlos Torres, y en los que el presidente del Sabadell, Josep Oliu, no mostró disposición a seguir adelante.
No hay duda de que el consejo de administración del banco con sede social en Bilbao y operativa en Madrid habrá ponderado todos los pros y contras de la operación, aprobándola con el objetivo de salvaguardar al máximo y revalorizar en la medida de lo posible los intereses y los rendimientos de sus accionistas, sus verdaderos propietarios. En este sentido, la mejor explicación para ese movimiento debe residir en su racionalidad económica, ampliamente explicada por la cúpula del BBVA desde el momento en el que hizo pública su oferta. Así lo han entendido sus accionistas, que por abrumadora mayoría han aprobado la ampliación de capital para acometer la compra.
La preservación de la financiación de las empresas debe ser prioritaria
Del mismo modo, hay que presuponer que el consejo del Sabadell tuvo en cuenta los intereses de sus propios accionistas cuando tras conocer la oferta del BBVA decidió rechazarla al considerar que no recogía adecuadamente el valor de la entidad ni su recorrido futuro. El banco de origen vallesano hizo hace años su particular travesía del desierto, pero desde la ruptura de las primeras conversaciones para una fusión con el BBVA, hace casi cuatro años, ha recuperado la senda del crecimiento de sus beneficios y la revalorización de sus acciones.
Desde el punto de vista de la solvencia bancaria, ambos bancos superan holgadamente los umbrales requeridos por los organismos reguladores, como estos han reconocido. De dos entidades solventes solo puede resultar una tercera también con la misma o mejorada característica. Más complejo es el análisis de la doble vertiente de la operación, adquisición primero y fusión después, desde el punto de vista de su incidencia en el funcionamiento del mercado del crédito. En el caso de la competencia, será el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la que emitirá su dictamen sobre los efectos en ese aspecto.
Pero resulta ya evidente que la opa ha generado una inquietud y preocupación manifiesta entre el amplio tejido empresarial de dos de los territorios más afectados, Catalunya y la Comunidad Valenciana. Patronales, cámaras de comercio, gremios, colegios y asociaciones profesionales han emitido comunicados públicos expresando consternación ante la posible desaparición de un operador tan vinculado a la financiación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, como el Sabadell.
La experiencia señala sin duda que, con la desaparición de cada banco relevante, las pymes pierden otro posible financiador de sus operaciones. Las limitaciones a la concentración de riesgo que se le imponen al banco resultante de cualquier fusión de este tipo son un imperativo que hasta el presente ha funcionado con férrea regularidad. En el caso que nos ocupa, el Sabadell mantiene relaciones regulares con una de cada dos pymes, lo que da idea de la magnitud del problema y explica sobradamente la unanimidad de la reacción antes mencionada. El propio Gobierno ha expresado su intención de cuestionar la fusión atendiendo a ese problema de competencia. Condicionar cualquier resolución a ese criterio es claramente prioritario y necesario para evitar futuras consecuencias negativas para el mundo empresarial.