La política de acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país debería ser más generosa y enfocarse con visión de futuro. La mayoría arriban a las costas de Canarias en cayucos procedentes de África y, asimismo, a las costas andaluzas desde el otro lado del estrecho de Gibraltar. El Gobierno negocia actualmente la redistribución de esos menores, que se cuentan por miles, entre las diferentes comunidades autónomas, ya que los centros de acogida de Canarias, como los de Ceuta y Melilla, se encuentran saturados mientras la cifra de jóvenes migrantes aumenta cada día. En principio, el Partido Popular se muestra favorable a esa negociación, ya que gobierna en las islas –junto con Coalición Canaria– y también en Ceuta y Melilla.
La redistribución obligatoria de los menores migrantes se pretende materializar a través de una reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, pactada ya entre el Gobierno central y el canario. El nuevo reparto se activaría si la comunidad o ciudad autónoma afectada por la crisis migratoria supera el 150% de su capacidad de acogida. Canarias tiene su tope en 2.000 menores. Actualmente tiene bajo su tutela a casi 6.000. Pero para poder reubicar por ley a los menores, la modificación legislativa necesita la luz verde del Congreso de los Diputados, para lo cual se requiere del concurso de los populares. Solo se opondrían a esta reforma los grupos de Vox y de Junts. Este último pretende que Catalunya quede al margen de dicha redistribución.
El Gobierno negocia con el PP el reparto entre las autonomías, pero hay que hacer mucho más
Muy probablemente el citado acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular irá acompañado de un aumento de
los fondos estatales que se destinan al traslado y la acogida
–hasta ahora voluntaria– de los niños y adolescentes extranjeros. Es importante que así sea porque hay
que garantizar que esas nuevas generaciones de inmigrantes reciban un trato digno. Resulta paradójico que los jóvenes inmigrantes se vean, tanto desde el mundo político como desde el conjunto de la sociedad, como un problema cuando en realidad deben ser parte de la solución del
futuro del país.
El Banco de España, en un reciente informe, alertó de que la economía española necesitará 25 millones de inmigrantes en el año 2053. Esto obliga a España a replantear con urgencia su política de inmigración para diseñar y establecer planes de integración cultural, educativa y profesional de los recién llegados, especialmente de los que tienen más facilidades para adaptarse, como son los jóvenes. Y hay que empezar ya, porque pronto en el resto de Europa, que tiene la misma necesidad de población futura que España, habrá competencia para atraer ciudadanos de otros países.