La tramitación de la ley de Amnistía está siendo un calvario para el Gobierno. Solo le faltaba el conflicto en la junta de fiscales del Tribunal Supremo con una mayoría que desafía el criterio del fiscal general y la opinión de Pedro Sánchez al apreciar delitos de terrorismo en Tsunami Democràtic. Por si a alguien le quedaban dudas, una parte del aparato judicial está dejando claro sin ningún disimulo que va a impedir por todos los medios que Carles Puigdemont y otros encausados en las filas del independentismo puedan ver anuladas sus penas. La pretensión de Junts de que una hipotética ley les blinde ante estas actuaciones se antoja una quimera.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat
Y, sin embargo, este partido insiste en mantener el órdago ante la reunión de la comisión de Justicia del Congreso que debería aprobar o no un nuevo dictamen en su sesión del 21 de febrero. Estos días han seguido las conversaciones entre el Gobierno y Junts, pero sin entrar ya en la negociación directa. Las dos posturas siguen igual de enfrentadas que el pasado 30 de enero, cuando la formación de Puigdemont frenó la ley de Amnistía. El Ejecutivo sigue insistiendo en que lo más importante es hacer una ley impecable desde el punto de vista jurídico para poder superar los recursos que le serán planteados. Para esquivar los recelos de Junts, el Gobierno ha estudiado estos días diversas alternativas, pero todas son de difícil aplicación y han contribuido a dar una imagen de excesiva supeditación de los socialistas a las peticiones de Junts. La propia líder de Sumar, Yolanda Díaz, rompió ayer su habitual prudencia en esta cuestión para afirmar que la posible reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las opciones estudiadas para buscar el acuerdo con Junts, “no va en la dirección correcta”.
La negativa de Puigdemont a aprobar la ley de Amnistía ha dado alas a todos los sectores contrarios a esta, y es posible que se abran nuevos frentes judiciales en breve. Las cartas están sobre la mesa: si Junts mantiene su posición, será muy difícil que se apruebe la ley. Ello supondrá un golpe para la gobernabilidad de la legislatura, pero sobre todo será un drama para las familias que esperaban la aprobación de la ley. El tiempo no corre a favor de los partidarios de la amnistía.