Después de la aprobación de los presupuestos generales del Estado del próximo año, el Partido Socialista parece orientado a reafirmar su autoridad en el seno del Gobierno, en tanto que primera fuerza de la coalición que dirige España desde enero del 2020. La aprobación de los presupuestos del 2023 significa estabilidad. Pedro Sánchez tiene garantizados los últimos doce meses de la legislatura y ahora quiere dejarlo claro a sus socios de coalición y a sus socios parlamentarios.
Inmediatamente después de la aprobación de los presupuestos, el PSOE ha dejado en el aire la aprobación de la denominada ley trans (ley para la igualdad efectiva de las personas trans), ha retrasado la aprobación de la ley de las Familias, mantiene ralentizada la ley de Protección Animal, tiene en el congelador la ley de Vivienda y sigue negociando la reforma de la ley de Seguridad, más conocida como ley mordaza . La mayoría de estas iniciativas legislativas corresponden al Ministerio de Derechos Sociales, cuya titular es Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos. La ley de Seguridad compete al Ministerio del Interior, pero su modificación es una de las banderas de Unidas Podemos.
Sánchez quiere atraerse al elector moderado que un día pensó en votar PP
¿Qué está pasando? El PSOE parece decidido a pautar los doce meses que quedan de legislatura con una agenda más acorde a sus intereses electorales, que pasan por subrayar su centralidad social y la capacidad de atraer a votantes más cercanos al 5 en la escala ideológica de 0 a 10. Una de las prioridades del Partido Socialista es reabsorber a los votantes del escalón 5, que en los últimos meses parecían atraídos por el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular. Antes del verano se estimaba que unos 600.000 antiguos votantes del PSOE podían estar migrando hacia el PP. Esa transferencia se ha reducido de manera significativa en los últimos sondeos, debido a dos factores: un mayor vigor del Gobierno en la gestión de los efectos económicos de la guerra de Ucrania y el error de Núñez Feijóo al dar marcha atrás en el pacto de Estado para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. El líder del PP aún no parece del todo consciente del fallo cometido a finales del pasado mes de octubre: un aspirante a la presidencia del gobierno de España no puede mostrarse dubitativo en los momentos importantes y no puede parecer condicionado por opiniones externas. A los votantes del escalón 5 no les gusta que la política la dicten medios de comunicación situados en el 7/8 para arriba (siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha).
Aprobados los presupuestos y estabilizada la legislatura, Sánchez va a por el escalón 5 con su reconocido protagonismo en la política europea, con una relativa mejora de la situación económica –España es en estos momentos el país de la Unión Europea con menor tasa de inflación– y con la voluntad de no abrir debates sociales que puedan colocar a la izquierda en minoría. La ley trans es una ley para el inicio de una legislatura. Necesita ser bien explicada y bien metabolizada por la sociedad. No es una ley para los últimos doce meses de mandato si provoca una fuerte división en el movimiento feminista, como es el caso. El PSOE no parece muy dispuesto a entregar munición a la extrema derecha para que esta vaya propagando que los menores podrán cambiar de sexo sin consentimiento paterno. El Gobierno debe decidir si este ha de ser el tema de conversación en las sobremesas familiares de las próximas fiestas de Navidad. Sánchez parece decidido a evitarlo, lo cual no significa que vaya a romper la coalición con Unidas Podemos. Se están reajustando los marcos narrativos del último año de legislatura, y UP tiene una decisión pendiente: sumar o no sumar.