En su obra El espíritu de las leyes, Montesquieu consagró el principio de la separación de poderes. El filósofo y jurista francés partía de la base de que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar de él hasta que encuentra límites”. Por ello, formuló la división del poder político mediante el control y la vigilancia, para así garantizar la libertad y evitar los abusos de poder. La separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial debería impedir, por tanto, que uno de ellos predomine sobre los demás.
A raíz de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985, se atribuyó a Alfonso Guerra una lapidaria sentencia: “Montesquieu ha muerto”. En la actualidad sigue sin resolverse el problema que provocó el derrame de sinceridad atribuido al que fue vicepresidente del Gobierno. Prueba de ello es que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y la Comisión Europea han venido recomendando, hasta la saciedad, la necesidad de reformular la elección de la cúpula orgánica de nuestro poder judicial para garantizar su independencia. De hecho, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es el motivo por el que España ha perdido la categoría de “democracia plena” y ha pasado a considerarse “democracia deficiente”, en el prestigioso ranking de calidad democrática de The Economist. Lo que no impide recordar a aquellos a los que este deterioro les produzca una especial satisfacción que la calidad de nuestra democracia es, para el prestigioso semanario británico, equiparable a la de Estados Unidos o Francia.
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Pero no es el contencioso sobre el poder judicial el único que enturbia la calidad de la democracia española (dejando de lado Pegasus y policías patrióticas). Es más, incluso me atrevo a señalar que ni tan siquiera es este el principal déficit de nuestra estructura democrática. A mi juicio, donde se produce una mayor quiebra del sistema de controles y equilibrios (los checks and balances estadounidenses) es en la primacía que adquiere el poder ejecutivo frente al legislativo, y por extensión frente al judicial. En contra de lo que es la esencia de la máxima de Montesquieu, el poder legislativo no acostumbra a ser el controlador del ejecutivo, sino un mandado al servicio de los intereses de quien gobierna.
No es esta una conclusión que formule como crítica a quienes ostentan ad momentum el poder en el ejecutivo del Estado. La reflexión sirve para todos los dominios políticos que nuestra Constitución establece. Y alcanza tanto a quienes hoy los gobiernan como a quienes lo hicieron en el pasado. Considero que es el sistema de listas cerradas que nuestra ley electoral bendice, y su prolongación en el encorsetado funcionamiento de las cámaras legislativas, lo que debilita nuestro sistema democrático. Y ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni los extremos han sido capaces de impulsar sus reformas. Ni a nivel estatal, ni tampoco autonómico. Ni en las Cortes Generales, ni en los parlamentos de las comunidades autónomas.
En contra de la máxima de Montesquieu, el poder legislativo no acostumbra a controlar el ejecutivo
Mientras sean los partidos, y no los electores, quienes decidan quién integra el poder legislativo, este estará siempre sujeto a la voluntad del ejecutivo. Al fin y al cabo, salvo pocas excepciones (estructuralmente solo soy capaz de reconocer la del PNV), el líder del partido es también el del gobierno, y quien desde el legislativo ose cuestionar sus decisiones hará méritos para ser excluido de la lista electoral de las próximas elecciones. Entre todos matamos a Montesquieu, y a todos nos impele la necesidad de resucitarlo.