Infantilismo democrático

No hace falta ser Hans Kelsen para saber que no hay democracia sin Estado de derecho, ni Estado de derecho sin democracia. Y que la democracia tampoco es posible sin ciudadanos que sientan el Estado como propio, acotado con precisión en sus funciones, supeditado y útil para la protección de los derechos humanos. Esta definición académica sobre el sistema democrático viene a cuento porque contemplo, abrumado, como a diestro y siniestro proliferan las convocatorias de consultas populares sobre aspectos varios, siempre en nombre de una presunta radicalidad democrática. Si los suizos pueden votar cada domin­go sobre sus asuntos cotidianos, ¿por qué no deberíamos poder hacerlo también los catalanes, como es sabido, desde hace algún tiempo abanderados del dret a decidir?

Vecinos de tortosa votando en la Consulta popular sobre el monumento franquista a la Batalla del Ebro Tortosa Foto Vicenç Llurba lv 28-05-2016

 

Vicenç Llurba

Pero, ¿decidir qué? ¿Acaso alguien en sus cabales exigiría a su cardiólogo poder votar con su familia sobre la conveniencia o no de intervenir su corazón antes de ser operado? ¿O impondría a su odontólogo un referéndum para reconocer como tal una caries? Esto es lo que parece que pretenden los vecinos de Cabassers, en el Priorat, según la toponimia oficial no normativa, apodado Cabacés. No importa que el topónimo incumpla la ley 1/1998 de Política Lingüística, ni que el Institut d’Estudis Catalans haya informado reiteradamente sobre la torpeza de tal ortografía. Preguntado hace unas semanas por la anomalía, el alcalde aplicó aquello tan gallego del no sabe no contesta. “Y es que para la gente de aquí, Cabacés siempre se ha escrito así, es tradición”, afirmó el edil, tan pancho. Dicho esto, hay que reconocer que el pueblecito de Tarragona no tiene la exclusiva de este tipo de despropósitos. Sin ir más lejos, recuerdo, por ejemplo,que en el Empordà, Capmany y Lladó viven tan felices con su denominación atípica. Para convencerles de su error y de la necesidad de corregirlo, creo que habrá que inventarse algún tipo de imposición originaria de los tiempos de Felipe V o, in extremis, de Franco, que eso sí que nunca falla para justificar cambios.

Invertir en educación nos resultará más provechoso que despilfarrar en referéndums variopintos

Me temo que todo empezó con el despropósito de la consulta sobre si había que pasar o no el tranvía por la Diagonal, en el 2010, un show que además de dinero costó la alcaldía a Jordi Hereu, a quien sin duda sus sucesores han hecho bueno, por cierto. También los de Tortosa se quedaron descansados cuando mayoritariamente decidieron conservar su monumento franquista sobre el Ebro, en el 2016. En aquella ocasión, como es sabido, el Govern de la Generalitat aplicó aquello tan latino de “ni democracia ni leches” y visto que no había salido el resultado que querían –el 68% de la población votó por mantenerlo– impusieron por ley su retirada y listos (bueno, aún están litigando). Más grotesco ha resultado lo vivido recientemente en Sant Carles de la Ràpita. Con su alcalde republicano decidido a cambiar sí o sí el topónimo para que por fin desapareciera cualquier rastro borbónico de la ciudad, después de afirmar ante los medios de comunicación que el tema del nombre “es un debate vivo que existe en el municipio desde hace décadas”, el buen hombre se tuvo que comer una participación raquítica en la consulta convocada el pasado 12 de octubre, con apenas un 20% de apoyo a su proyecto reformista. A pesar del resultado vergonzoso de su propuesta, Sant Carles de la Ràpita ya no existe, y si hoy visitan el municipio fundado por Carlos III, de gran interés para el estudio del urbanismo de corte ilustrado, deberán poner en Google Maps La Ràpita, pues a Sant Carles se lo llevó el cierzo.

Así las cosas, quizás sería bueno tener presente lo dicho por Joe Biden en un discurso reciente: “La democracia no ocurre por accidente, debemos defenderla, luchar por ella, reforzarla y renovarla”. Ejercitarla eficazmente requiere no olvidar nunca que tan importante como poder votar, lo es respetar el ordenamiento legal y el criterio técnico. Y que invertir en educación y en el fomento de una verdadera cultura cívica a medio plazo seguramente nos resultará más provechoso que despilfarrar los euros en consultas y referéndums variopintos, que solo acatamos si ratifican nuestras intenciones previas, y que bien pudieran sustituirse con butifarradas populares, al menos provechosas para la tripa. De no ser así, a malas, siempre nos podremos conformar con la definición que de la democracia hizo K. Popper: la conoceréis porque al menos permite cambiar unos malos por otros. Eso, y resignarse a perder en Eurovisión año tras año.

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